Decenas de personas recluidas en una extensa instalación del ICE en Texas afirman haber sido golpeadas por los guardias o haber presenciado cómo golpeaban a otros, según un nuevo informe publicado por defensores de los derechos humanos y legales.
El informe de 84 páginas publicado conjuntamente el miércoles por Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también señala que hombres y mujeres recluidos en Camp East Montana, ubicado en Fort Bliss del Ejército de EE. UU. en El Paso, relataron haber sido privados de la atención médica necesaria, obligados a vivir en condiciones inmundas y alimentados con comida incomible. Los detenidos también dijeron que se les impidió comunicarse con sus abogados o familiares.
De los 71 detenidos contactados durante un período de cinco meses, 64 —alrededor del 90% de los entrevistados— afirmaron haber sido agredidos personalmente por el personal o haber visto a otros sufrir abusos físicos, según el informe.
“Camp East Montana del ICE es un desastre de derechos humanos”, afirmó Angélica César, miembro de Human Rights Watch y la ACLU, quien fue la investigadora principal del informe. “El gobierno de los Estados Unidos debería cerrarlo, llevar a cabo investigaciones independientes sobre todos los abusos y muertes bajo custodia, y poner fin a las deportaciones masivas y a la detención migratoria obligatoria”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que incluye al ICE, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Los nuevos relatos de violencia y condiciones de vida deficientes dentro de Camp East Montana son consistentes con informes previos de The Associated Press y otros medios. Al menos tres detenidos recluidos en la instalación desde su apertura en agosto han muerto, incluido un migrante cubano de 55 años que fue esposado y dejó de respirar a principios de este año tras ser sometido por los guardias.
Un médico forense local dictaminó posteriormente que esa muerte fue un homicidio, y un informe federal publicado el mes pasado señaló que la evidencia en el caso estaba “desaparecida o destruida”. Dicho informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) determinó que la mala gestión del Departamento de Seguridad Nacional había creado condiciones inseguras que contribuyeron a las muertes y al sufrimiento de los detenidos, aun cuando millones de dólares de impuestos desperdiciados enriquecieron a los contratistas.
En marzo, el ICE reemplazó a Acquisition Logistics, LLC, el contratista principal al que se le había adjudicado un acuerdo el año pasado por un valor de hasta 1,300 millones de dólares para construir y gestionar el campamento. La empresa de Virginia no tenía experiencia previa en la gestión de centros de detención del ICE, nunca había ganado un contrato federal por un valor superior a los 16 millones de dólares y carecía de un sitio web en funcionamiento.
El cambio se produjo cuando una revisión interna del ICE documentó 49 deficiencias, las cuales define como violaciones de los estándares o políticas de detención, en áreas que incluyen el uso de la fuerza y de restricciones físicas, la seguridad y la atención médica.
A pesar del cambio de contratistas, las entrevistas realizadas por Human Rights Watch y la ACLU tan recientemente como el mes pasado revelaron que los problemas graves en el campamento han persistido.
Los detenidos relataron condiciones de vida degradantes e inhumanas que incluían baños cubiertos de heces, unidades de vivienda inundadas y la falta de acceso a jabón u otros suministros básicos de higiene, según el informe. También informaron haber permanecido encerrados en espacios interiores durante semanas sin un acceso significativo a recreación, luz solar o aire fresco.
Las personas también describieron recibir comida en mal estado y horarios de comida inconsistentes, con retrasos de hasta 12 horas entre comidas.
El informe relata que los detenidos afirmaron que los guardias los golpeaban en respuesta a huelgas de hambre, solicitudes de atención médica y quejas respecto a las condiciones de detención. Varias personas dijeron que los guardias impusieron castigos colectivos, golpeando o agrediendo a múltiples personas tras acusar a un solo detenido de violar las normas, según el informe.
Los investigadores descubrieron que el personal presionó y coaccionó a los recluidos allí para que abandonaran sus reclamos migratorios y aceptaran la expulsión a terceros países si no podían ser enviados de regreso a sus propios países. Los detenidos dijeron que fueron amenazados con violencia, procesamiento penal y detención indefinida si rechazaban la deportación.
En algunos casos, concluyó el informe, las circunstancias de la detención por parte del ICE podrían equivaler a desapariciones forzadas, una posible violación del derecho internacional de los derechos humanos.
Organizaciones piden el cierre del centro de detención
Human Rights Watch y la ACLU instaron a la administración Trump a cerrar Camp East Montana y a permitir investigaciones independientes sobre las muertes bajo custodia, el uso excesivo de la fuerza, la negligencia médica y las desapariciones forzadas.
“Los abusos documentados en Fort Bliss son el resultado predecible de la agenda de deportación masiva de la administración Trump, su brutal expansión de la detención migratoria y el debilitamiento de los mecanismos de supervisión federales”, señaló César, la investigadora principal. “Las personas en Camp East Montana son seres humanos que merecen ser tratados con dignidad y protegidos del daño”.