Qué pasó este domingo:
- Estados Unidos y Colombia pusieron fin este domingo a una breve pero intensa pelea, luego de que Bogotá aceptó recibir los vuelos militares que había rechazado el fin de semana con migrantes deportados por el gobierno de Donald Trump. La disputa incluyó el anuncio de aranceles y sanciones diplomáticas por parte de Trump, y una respuesta parecida del presidente colombiano, Gustavo Petro.
- Colombia había sido el primer país en expresar un rechazo explícito a las deportaciones más recientes de EEUU. El presidente Gustavo Petro criticó la deportación de colombianos en "aviones militares" y "esposados". Brasil también reclamó este fin de semana porque ciudadanos suyos fueron retornados esposados. Aquí puedes ver un video con testimonios de los migrantes deportados a Brasil.
- EEUU busca un acuerdo con El Salvador para que ese país reciba a inmigrantes deportados por EEUU que no sean necesariamente de esa nación centroamericana, un pacto conocido como 'tercer país seguro', según dijeron fuentes a CBS News.
- ICE informó el inicio de redadas para detener a inmigrantes indocumentados en Chicago. Estas operaciones habían sido informadas por medios poco antes de la toma de posesión de Trump, pero al parecer habían sido frenadas tras haberse filtrado a la prensa.
- En su primera entrevista tras ocupar el cargo, el videpresidente JD Vance defendió las polémicas órdenes ejecutivas de Trump, los indultos a los asaltantes del Capitolio y la posibilidad de que haya arrestos de inmigrantes en escuelas e iglesias, lugares que hasta ahora habían sido considerados lugares sensibles.
- Hacia adelante. Se espera que el nominado al Departamento del Tesoro, Scott Bessent, sea confirmado este lunes. Y, para el 4 de marzo, el líder republicano en la Cámara Baja, Mike Johnson, invitó a Trump a ofrecer un discurso, similar al anual sobre el 'Estado de la Unión', para que comparta con ellos su visión del 'America First'.
Una polémica propuesta legislativa se abre paso en Mississippi: permitir y pagarle a 'cazadores de recompensas' por delatar a inmigrantes indocumentados y acelerar su deportación.
Así lo informó la oficina de la fiscalía en un comunicado. "La medida propuesta ofrece $1,000 como recompensa a quienes estén registrados como 'cazadores de recompensas' con la tesorería estatal (y) busca alentar la cooperación entre las fuerzas del orden y los ciudadanos en la identificación de individuos que vivan en Mississippi de forma irregular", se lee en el comunicado.
La propuesta busca, en última instancia, "acelerar los esfuerzos de deportaciones en línea con las prioridades migratorias de la administración Trump", agrega en referencia a las duras medidas que el gobierno de Donald Trump ha puesto en marcha con apenas días en el poder.
Trump ha detenido la llegada de refugiados, ha acelerado las deportaciones, ha enviado tropas militares a la frontera sur y ha levantado las antiguas normas que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales.
También ha intentado poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, en una movida que ya fue frenada temporalmente por al menos un tribunal.
El gobierno de Honduras anunció este sábado que alista un plan de atención para sus ciudadanos que sean deportados desde Estados Unidos en medio de las medidas migratorias del nuevo presidente, Donald Trump.
"En respuesta a la coyuntura actual del tema migratorio la presidenta Xiomara Castro lanzará el Programa 'Hermano, vuelve a casa' en apoyo a nuestros migrantes", aseguró el canciller de Honduras, Enrique Reina, en su cuenta en la red X.
De acuerdo con Reina, el programa contempla apoyo a los ciudadanos de esta nación en la red consular de Honduras en suelo estadounidense, así como "apoyo legal y visita de urgencia" por parte de los cónsules en centros de detención de migrantes en Estados Unidos.
El programa, del que no se ha anunciado una fecha de inicio, contempla la entrega de un bono monetario "solidario", cuyo monto no fue precisado, apoyo alimenticio y el acceso a programas de empleo para los hondureños que lleguen deportados desde Estados Unidos.
"Nosotros estaremos trabajando arduamente para darles este apoyo a nuestros compatriotas que pudieran ser retornados en este nuevo proceso de decisiones políticas que toma la administración Trump", dijo Reina en declaraciones a la prensa local.
El canciller aseguró que sostendrá conversaciones con la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, para "coordinar" que en las deportaciones se garantice "un retorno seguro". De momento, el gobierno de Honduras no ha informado de llegada de vuelos con deportados tras el inicio de la ofensiva contra la migración ilegal en Estados Unidos.
Según las autoridades de Honduras, unos 280,000 hondureños podrían ser deportados. En 2024 lo fueron más de 37,000.
Mientras el presidente Donald Trump endurece las políticas de inmigración del país, los legisladores de los estados liderados por los demócratas están proponiendo nuevas medidas que podrían hacer de obstáculos legales para los funcionarios federales de inmigración y ayudar a los inmigrantes que carecen de estatus legal a evitar la deportación.
Los esfuerzos de autoridades en California, Nueva York y otros estados son un contrapunto a los muchos estados liderados por los republicanos que promueven medidas para ayudar a la ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal.
En solo su primera semana en el cargo, la administración de Trump ha detenido la llegada de refugiados; ha acelerado las deportaciones; ha enviado tropas militares a la frontera sur; ha levantado las antiguas normas que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales; ha intentado poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento; y ha ordenado a los fiscales federales que investiguen a los funcionarios estatales o locales que crean que están interfiriendo con su ofensiva contra la inmigración ilegal.
Ya se han presentado cientos de proyectos de ley sobre inmigración en los estados. Los gobernadores republicanos Ron DeSantis de Florida y Bill Lee de Tennessee han convocado sesiones legislativas especiales que comenzarán el lunes para apoyar la agenda de inmigración de Trump.
Mientras tanto, los demócratas en estados como Connecticut, Hawái, Massachusetts, Nuevo México, Oregon y Washington están respaldando medidas para ampliar la atención médica y la educación superior para los inmigrantes, restringir que los propietarios pregunten sobre el estatus migratorio o bloquear los acuerdos gubernamentales para abrir nuevos centros de detención de inmigrantes.
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Brasil condenó este sábado el "desprecio a los derechos fundamentales" de cerca de 80 migrantes indocumentados brasileños deportados desde Estados Unidos que fueron esposados durante el viaje a su país de origen.
La policía federal brasileña había informado en un comunicado que el vuelo procedente de Estados Unidos aterrizó la noche del viernes con 88 brasileños a bordo, aunque el gobierno del estado de Amazonas, donde aterrizó el avión por problemas técnicos, contabilizó 79 personas deportadas.
Se trata del primer episodio de tensión entre los gobiernos del nuevo presidente Donald Trump y del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien manifestó que quería preservar la "relación histórica" entre Washington y Brasilia el día de la asunción de Trump el 20 de enero.
A través de la policía federal, el Ministerio de Justicia de Brasil ordenó a las autoridades estadounidenses la "inmediata retirada de las esposas" cuando el avión con los expulsados llegó a la ciudad de Manaos, capital del estado de Amazonas, y repudió el "flagrante desprecio a los derechos fundamentales" de sus ciudadanos, informó en un comunicado oficial.
Una fuente del gobierno brasileño explicó el viernes a la agencia AFP que esta deportación "no guarda una relación directa" con la operación contra inmigrantes ilegales iniciada en Estados Unidos tras la toma de posesión de Trump.
"Este vuelo se inserta en otro contexto: un entendimiento bilateral entre Brasil y Estados Unidos, de 2017, que permanece en vigor" y que ya resultó en otras deportaciones en años previos, dijo la fuente.
Las autoridades brasileñas enfatizaron este sábado que "la dignidad de la persona humana" es "uno de los pilares del estado democrático de derecho" y configura "valores innegociables".
El Senado votará este lunes si confirma a Scott Bessent, el multimillonario gestor de fondos de inversión, como secretario del Tesoro de Donald Trump.
Bessent superó este sábado un paso clave en la Cámara Alta y se espera que sea confirmado sin mayor contratiempo como secretario este lunes.
Aquí pueder leer más sobre el perfil de Bessent:
Estados Unidos suspendió la emisión de pasaportes con el género "X" para las personas que se identifican como no binarias, tras un decreto del presidente Donald Trump.
El Departamento de Estado dijo en un comunicado a la agencia AFP que se suspendió el procesamiento de solicitudes de pasaportes con esa mención y que "las directrices relativas a los pasaportes con sexo X emitidos previamente se anunciarán" y se publicarán en la página web del Departamento de Estado.
Tras su investidura el pasado lunes, Trump firmó un decreto según el cual su administración reconoce la existencia de solo dos géneros definidos al nacer.
"A partir de hoy, la política gubernamental de Estados Unidos es que hay solo dos géneros: masculino y femenino", afirmó Trump en su discurso en el Capitolio tras convertirse en el 47º presidente de su país.
El decreto dice que prevé "restaurar la verdad biológica" y también estipula que "los fondos federales no deben utilizarse para promover la ideología de género". Entre las medidas figura la de eliminar el género "X" para las personas que se reconocen como no binarias "en los documentos oficiales del gobierno, incluidos los pasaportes y las visas (que) reflejarán fielmente el sexo" de nacimiento.
La posibilidad del género X se autorizó durante la administración del demócrata Joe Biden. El primer pasaporte estadounidense con el género "X" fue entregado en octubre de 2021 por el departamento de Estado, que entonces precisó que estaba reservado a "personas no binarias, intersexo".
El gobierno de Trump ha despedido a unos 17 inspectores generales independientes en agencias gubernamentales, una medida radical para eliminar la supervisión de su nueva administración.
Algunos miembros del Congreso sugieren que esta medida viola las leyes federales de supervisión.
Los despidos comenzaron el viernes por la noche y entraron en vigor de inmediato, según dos personas familiarizadas citadas con AP.
Ninguno confirmó el número exacto de despidos, pero un correo electrónico enviado por uno de los inspectores generales despedidos decía que "aproximadamente 17" inspectores generales habían sido destituidos.
El Congreso no recibió avisos de 30 días sobre las destituciones, algo que incluso un republicano de alto rango está denunciando.
"Puede haber una buena razón para que los inspectores generales fueran despedidos. Necesitamos saberlo si es así", dijo el senador republicano Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado, en un comunicado. "Me gustaría una explicación más detallada del presidente Trump. De todas formas, no se le proporcionó al Congreso la notificación detallada de destitución con 30 días de antelación que exige la ley”, dijo Grassley.
El papel del inspector general actual se remonta al Washington posterior al caso Watergate, cuando el Congreso instaló oficinas dentro de las agencias como un control independiente contra la mala gestión y el abuso de poder. Aunque los inspectores generales son designados por el presidente, algunos sirven a presidentes de ambos partidos. Se espera que todos sean imparciales.
El documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica que solicita ayuda a los gobiernos locales y estatales para aplicar leyes de inmigración, que al final conduciría a arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados.
Dice que el día de la asunción de Trump, el 20 de enero de 2025, el presidente emitió la "Proclamación Presidencial, Garantizando a los Estados la Protección contra la Invasión" para contener la "afluencia continua de extranjeros ilegales a través de la frontera sur de Estados Unidos".
El documento cita la "Sección 65.83 del Título 28 del Código de Reglamentos Federales" que permite al secretario de Seguridad Nacional "solicitar asistencia de un gobierno estatal o local en la administración de las leyes de inmigración" bajo ciertas circunstancias específicas.
Entre esas circunstancias se encuentran "aquellas en las que el secretario determina que se involucran la administración de las leyes de inmigración que ponen en peligro las vidas, la propiedad, la seguridad o el bienestar de los residentes de un Estado o localidad".
"He determinado que existen circunstancias relacionadas con la administración de las leyes de inmigración de EEUU que ponen en peligro la vida, la propiedad, la seguridad o el bienestar de los ciudadanos residentes de los 50 estados y que una afluencia masiva real o inminente de extranjeros está llegando a la frontera sur... y presenta circunstancias urgentes que requieren una respuesta federal inmediata", asegura en el memorando el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman.
El funcionario cierra indicando que: "Por lo tanto, solicito la asistencia de los gobiernos estatales y locales de los 50 estados. Esta resolución entra en vigor inmediatamente y caduca en 60 días, a menos que se prorrogue".
Los requisitos legales para que los militares participen en la aplicación de la ley de inmigración en Estados Unidos son complicados.
Ninguna ley impide explícitamente a Donald Trump utilizar activos militares estadounidenses para deportaciones. Diferentes normas jurídicas rigen las fuerzas militares, las fuerzas de defensa del Estado y la aplicación de la ley civil. Eso significa que la legalidad depende no solo de si se utiliza a los militares, sino también de cómo.
En primer lugar, Trump puede solicitar la ayuda de la Guardia Nacional, una fuerza militar única con doble función, para vigilar la frontera. La Guardia Nacional es principalmente una fuerza militar estatal bajo el control de los gobernadores, pero el presidente también puede activarla para una misión federal.
Como explicó el Servicio de Investigación del Congreso, una agencia gubernamental, en un informe de 2023, “existen precedentes de despliegue de unidades de la Guardia Nacional en la frontera suroeste para ayudar en el control de la inmigración”.
Los presidentes Barack Obama y George W. Bush enviaron tropas de la Guardia Nacional para ayudar en la seguridad de la frontera sur. A pesar de los antecedentes, Trump se encontraría en un terreno legal más débil al tratar de utilizar a miembros de las Fuerzas Armadas regulares para llevar a cabo actividades directas de deportación, como arrestar y detener a personas.
El Senado confirmó este sábado a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, una agencia esencial para los duros planes migratorios que ya comenzó a poner en marcha el presidente Donald Trump.
Los senadores republicanos continuaron trabajando hoy para confirmar a la más reciente funcionaria del equipo de seguridad nacional del nuevo mandatario. El secretario de Defensa, el polémico Pete Hegseht, recibió el visto bueno de la Cámara Alta en una ajustada votación el viernes, cuando el vicepresidente, JD Vance, tuvo que entrar en juego con un voto de desempate.
Noem se une así a Marco Rubio, quien lidera el Departamento de Estado, y a John Ratcliffe, jefe de la CIA.
Pete Hegseth prestó juramento este sábado como secretario de Defensa, uniéndose rápidamente al gabinete del presidente Donald Trump después de una dramática votación a altas horas de la noche el viernes en el Senado que lo instaló como líder del Pentágono.
Hegseth tomó juramento del vicepresidente JD Vance, junto a su esposa, Jennifer Rauchet. La ceremonia se realizó menos de 12 horas después de que Vance rompiera un empate 50-50 en el Senado para sellar por un estrecho margen la confirmación de Hegseth.
Hegseth dijo que buscaría "restaurar el espíritu guerrero en todo lo que hacemos, reconstruir nuestro ejército y restablecer la disuasión".
Acusaciones de consumo de alcohol y comportamientos agresivos
La confirmación inusualmente estrecha para un secretario de defensa se produjo después de las preguntas de los miembros de ambos partidos sobre las calificaciones de Hegseth para liderar el ejército.
Hegseth es uno de los más polémicos electos de Trump para el gabinete, por sus acusaciones de consumo excesivo de alcohol y comportamiento agresivo hacia las mujeres, además de un presunto comportamiento sexual inapropiado.
El expresentador de Fox llega al cargo con mucha menos experiencia que los secretarios de defensa modernos que lo precedieron, reconociendo durante su audiencia de confirmación que necesitará formar un equipo experimentado: "Quiero gente más inteligente y más capaz a mi alrededor", dijo.
Hegseth también carece del amplio apoyo bipartidista que suelen tener quienes ocupan este rol. Todos los demócratas del Senado votaron en contra de la confirmación de Hegseth, al igual que tres republicanos profundamente escépticos sobre sus calificaciones para el cargo.
Para aumentar la tensión, Hegseth se negó a reunirse con todos los demócratas antes de la confirmación, rompiendo con la tradición.
Un memo interno de seguridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica que la administración del presidente Donald Trump está solicitando la ayuda de los gobiernos estatales y locales para aplicar leyes de inmigración, deportaciones y detenciones.
El memorando permite a los agentes locales llevar a cabo la aplicación de la ley de inmigración, invocando una amplia autoridad legal que permite al secretario de Seguridad Nacional solicitar ayuda en determinadas circunstancias.
Los funcionarios de la administración Trump se han centrado en construir un aparato de aplicación de la ley para ejecutar la ofensiva migratoria que prometió el presidente.
Las fuerzas de seguridad estatales y locales han trabajado anteriormente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Ahora, el memo cita una "afluencia masiva" de migrantes en la frontera con México, como impulsor de este pedido a las autoridades locales.
El programa 287G, que sirve de marco para la operación, sirve para reforzar en zonas determinadas la aplicación de las leyes de inmigración. No está claro aún cómo se implementaría esta decisión.