La jueza Sparkle Sooknanan bloqueó una reforma al Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Concesión de Beneficios (SAVE) propuesta por el gobierno de Estados Unidos para la verificación masiva de ciudadanía con fines electorales, así como para la depuración o "purga" de padrones electorales.
La administración Donald Trump buscaba, a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), modificar las restricciones de intercambio de datos entre dependencias.
El objetivo principal que se busca es que la Administración del Seguro Social (SSA) transfiriera las bases de datos de registros históricos, incluidos los números de Seguro Social de ciudadanos nacidos en EEUU., al Departamento de Seguridad Nacional para centralizar la verificación y el cruce de identidades.
El derecho a la privacidad
Al analizar el caso, la jueza determinó bloquearlos, argumentando, entre otras cosas, que se pone en riesgo el derecho a la privacidad de los norteamericanos.
"Este caso implica dos derechos fundamentales que protegen a los estadounidenses de los excesos del gobierno: el derecho a la privacidad y el derecho al voto. En el último año, varias agencias federales han unido fuerzas para crear una base de datos federal centralizada que contiene información privada de ciudadanos de los Estados Unidos, incluidos números de Seguro Social, estatus de ciudadanía y otros datos confidenciales" mencionó en el fallo de 75 páginas.
Además, asegura que el gobierno de Estados Unidos “ha pisoteado a sabiendas los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto”.
La demanda civil
El caso tiene su origen en un recurso presentado por la Liga de Mujeres Votantes, el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC) y otras organizaciones contra cambios al Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios.
Los riesgos que argumentaron los demandantes fueron: la creación de una base de datos nacional e ilegal de votantes; eliminación de votantes legítimos, violación al derecho a la privacidad y riesgo de la seguridad de registros.
La jueza aseguró que el gobierno federal realizó los cambios a pesar de tener el conocimiento de violaciones estatutarias.
"...Y el expediente en este caso muestra que las agencias federales que crearon esta base de datos sabían que la base de datos violaba esas protecciones estatutarias. Combinando y reutilizando al azar la información privada de millones de estadounidenses, incluidos datos de ciudadanía que sabían que no eran confiables.
El fallo no es definitivo, ya que puede ser impugnado por el gobierno.