Audiencia en la Corte Suprema
- Este jueves la Corte Suprema escuchó los argumentos de las partes en el caso de una de las órdenes ejecutivas más controversiales de la era Trump: condicionar el derecho a la ciudadanía por nacimiento según el estatus migratorio de los padres.
- La pregunta principal para los jueces es si los tribunales inferiores excedieron su autoridad al bloquear esa orden del 20 de enero a nivel nacional. El gobierno de Trump quiere que la orden ejecutiva se aplique en el país, con excepción de los estados donde se han interpuesto demandas.
- Una decisión a favor del gobierno de Trump no sólo daría un impulso a la propuesta de ciudadanía por derecho de nacimiento de Trump, sino que también ayudaría a la administración republicana a implementar otras políticas a través de decretos, muchos de los cuales también han sido bloqueados a nivel nacional por jueces de tribunales inferiores.
En los argumentos, el abogado del gobierno de Donald Trump han referido a la experiencia del programa de Acción Diferida para Niños traídos por padres indocumentados (DACA).
El consejero legal del gobierno, Sauer, se refirió a la decisión del 17 de enero de 2025 de la Corte de Apelaciones del 5.º Circuito que determinó que DACA es ilegal porque, como explicó en su texto, es "inconsistente con las (leyes) federales de inmigración y la Ley de Nacionalidad", pero limitó sus efectos al estado de Texas y con varias condiciones, para ilustrar que es posible tener decisiones de alcance limitado.
Tras la decisión de la Corte de Apelaciones, DACA sigue vigente en todos los estados, incluyendo Texas, mientras el caso sigue siendo considerado en tribunales. Sus beneficiarios siguen protegidos contra la deportación, pero en el caso tejano, no podrán contar con permisos de trabajo, hasta que el Juez de distrito Andrew Hanen para que decida qué hacer con DACA en Texas.
Ese mismo juez había negado en 2018 la solicitud de Texas de bloquear el programa a nivel nacional, indicando que los estados demandantes esperaron demasiado para pedir el bloqueo a una política que empezó en 2021.
En los argumentos, la magistrada Elena Kagan tuvo un momento más de reflexión que de interrogación cuando habló de la "frustración" que le produce la costumbre de hacer "selección de cortes" (court shopping), una práctica común en el mundo legal de buscar foros donde la parte que promueve una demanda tenga más posibilidades de imponerse.
Cuando se presenta un caso en un tribunal federal, hay un proceso para asignar aleatoriamente a un juez, algo que es crucial para que los tribunales actúen y sean percibidos como imparciales.
Pero hay maneras de burlar eso, yendo a circuitos donde haya pocos jueces (idealmente uno, que sea conocidamente partidario de las posiciones del demandante) o donde puedan demostrar conexión local para presentar un caso. Los abogados buscan jueces en circuitos que puedan serles favorables. Así, los liberales tienden a ir a San Francisco, los conservadores a Texas y otros estados del sur.
De esa manera, los demandantes garantizan que, al menos en una primera instancia, tienen grandes posibilidades de prevalecer.
Otra consideración que se hace con ese "court shopping" es ver a qué corte de apelaciones corresponde para poder mantener el esfuerzo, incluso hasta llegar a la Corte Suprema, si fuera necesario.
En su respuesta final, el procurador Sauer insiste en la petición del gobierno de que se limite el alcance en el uso de los 'universal injunctions' de parte de las cortes federales. Asegura que esta práctica es inconstitucional y que con esas decisiones los jueces se entrometen en funciones del Poder Ejecutivo.
Con esta respuesta acabó la audiencia en la Corte Suprema.
La abogada de las organizaciones que demandaron al gobierno por el decreto sobre la ciudadanía por nacimiento sugirió un 'punto medio' en el que la Corte Suprema permita que tribunales inferiores emitan interdictos que frenan alguna medida del gobierno a nivel nacional.
"Lo que creo que puede hacer la Corte es identificar principios que le provean una guía a las cortes inferiores sobre cuándo es apropiado emitir estos interdictos. Que le diga 'si vas a emitir un interdicto que va a tener un impacto en otras personas, tienes que realmente hacer una evaluación enorme antes de hacer algo como eso'", dijo Kelsi Corkran, directora de la Corte Suprema en el Instituto de Defensa y Protección Constitucional de Georgetown, casi al cierre de la audiencia de este jueves.
"Creo que lo que ha estado haciendo la Corte es decir que los interdictos universales son pertinentes solo en desafíos que involucran derechos constitucionales", agregó.
La magistrada Kagan plantea que existe "frustración" por la forma en que las cortes federales deciden estas medidas universales. Planteó que en el primer gobierno de Trump eran las cortes de San Francisco quienes decidían en contra de sus medidas y que en el de Biden fueron las cortes de Texas quienes dieron las peleas.
Kagan preguntó a la abogada por las organizaciones y las embarazadas que son parte de la demanda, qué debe ser lo correcto, dado que nuevamente las cortes federales están funcionando de la misma manera en este caso en que se cuestiona la orden de Trump para acabar con la ciudadanía por nacimiento.
La jueza Ketanji Brown Jackson dijo ante los argumentos del procurador general de Nueva Jersey, Jeremy Feigenbaum, que se ha hablado sobre los daños que sufrirían los estados con la entrada en vigor solo en algunas partes del país del decreto sobre el derecho a la ciudadanía de Donald Trump.
Pero puso sobre la mesa el hecho de que, por el contrario, el gobierno no ha demostrado que sufrirá "cierto daño porque se le frene completamente" de ponerlo en pie mientras "se evalúa la legalidad de su conducta".
"Por qué la pregunta no es en este momento si el gobierno ha demostrado que sufrirá cierto daño porque se le frene completamente de esta actividad mientras litigamos sobre la legalidad de su conducta. No entiendo por qué ese no es el foco aquí (...) qué problema enfrenta el gobierno", se preguntó Brown Jackson.
En su argumentación, Kelsi Corkran aseguró que la orden ejecutiva es ilegal y pidió a los jueces que actuaran para evitar su implementación en el país.
Ahora habla ante los magistrados Kelsi Corkran, directora de la Corte Suprema en el Instituto de Defensa y Protección Constitucional de Georgetown. Ella representa a los individuos incluidos en las demandas y a las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.
En su petición del pasado 13 de marzo a la Corte Suprema, la entonces procuradora general interina, Sarah Harris, solicitó que el máximo tribunal permita la entrada en vigencia de la orden ejecutiva de Trump en el país de forma limitada: excluyendo a los niños nacidos en los estados de las tres demandas en las que fallaron los jueces de Washington, Massachusetts y Maryland.
Feigenbaum trajo el tema a la sala del supremo. Planteó que uno de los impactos en la práctica será que unos estados garantizarán el derecho mientras otros no. Se pregunta si la ciudadanía de esos niños entonces se activará o desactivará según donde se encuentre.
Planteó el ejemplo de Nueva Jersey, uno de los estados en los que los niños nacidos mantendrían la ciudadanía. Si un niño nació en otro estado y entra a Nueva Jersey, analiza, podría ser elegible para todos los beneficios de ley para los ciudadanos estadounidenses.
Asegura que nunca en la historia del país se había permitido que "la ciudadanía de las personas de active y desactive" cuando cruzan fronteras de un estado a otro.
El procurador general de Nueva Jersey, Jeremy Feigenbaum, quien argumenta en nombre de los gobiernos estatales y locales, asegura que los jueces federales deberían poder emitir órdenes que afecten a todo el país, pero plantea que sólo en circunstancias limitadas. Asegura que, en este punto, puede entender la postura del gobierno.
El magistrado Roberts le pide entonces que explique por qué deberían usarse con moderación.
Primer round: el gobierno contra las cuerdas
La primera parte de la audiencia, los argumentos del gobierno para pedir que la Corte Suprema de Justicia impida que cortes menores impongan sus decisiones a escala nacional, como sucede con las que han bloqueado la orden ejecutiva del presidente Donald Trump limitando el derecho a la ciudadanía por nacimiento, ha sido un ejercicio dialéctico interesante en el que casi todos los magistrados mostraron escepticismo ante las explicaciones del consejero legal de la Casa Blanca, John Sauer.
Aunque el tema subyacente es la intención de impedir que hijos de indocumentados reciban la nacionalidad estadounidense por nacer en el territorio, como garantiza la Constitución, Sauer pide a la corte que impida que los tribunales locales que han determinado que la medida es potencialmente inconstitucional y han detenido su aplicación hasta que se decida los casos puedan dar órdenes con efecto nacional.
En ese punto, varios magistrados han preguntado a Sauer cómo tratar un tema que es potencialmente inconstitucional (consagrado en la Enmienda 14) bloqueando las medidas solo en los circuitos de esas cortes, lo que permitiría que niños nacidos en unos estados gocen del beneficio y otros no. Para eso, asegura el consejero Sauer, existen otros recursos legales, como las demandas colectivas.
La duda expresada en alguna medida por casi todos los magistrados en sus preguntas, salvo Clarence Thomas, es que eso violaría precedentes establecidos por la Corte y crearía zonas con diferentes garantías constitucionales, además de que dependería grandemente de la capacidad de los afectados de presentar sus casos ante la ley, como sugiere Sauer que debería ser el procedimiento.
Sin embargo, hay que ser prudente al interpretar las preguntas que hacen los jueces a las partes, porque no necesariamente muestran su inclinación sobre los méritos de un caso. A veces, en su línea de interrogatorio, ellos actúan como los "abogados del diablo" poniendo a prueba conceptios con los que pueden estar de acuerdo.
Ahora hay que ver cómo sale la otra parte, que está siendo representada por el procurador general de Nueva Jersey, Jeremy Feigenbaum, que representará a los gobiernos estatales y locales involucrados.
Si al gobierno de Trump se le permite poner en pie el decreto que niega la ciudadanía por nacimiento a los recién nacidos de padres indocumentados o con presencia legal temporal en el país, ¿qué deberán hacer en la práctica los hospitales para poder cumplir con ella?, le preguntó el juez conservador Brett Kavanaugh al procurador John Sauer.
La pregunta "muy práctica" pareció poner en aprietos a Sauer. Así se produjo este intercambio durante la audiencia de hoy en la Corte Suprema.
—Kavanaugh: Esta es una pregunta muy práctica, al día siguiente de entrar en vigor, ¿cómo esto va a funcionar, qué deben hacer los hospitales con los recién nacidos, qué deben hacer los estados?
—Sauer: No creo que tengan que hacer algo diferente a lo que dice el decreto en la sección 2: que los funcionarios federales no acepten documentos que tienen la designación errada de ciudadanía.
—Kavanaugh: ¿Cómo pueden saberlo?
—Sauer: Los funcionarios tendrán que resolverlo.
—Kavanaugh: ¿Cómo?
—Sauer: Puede haber varias maneras.
—Kavanaugh: ¿Cómo cuáles?
—Sauer: Pueden pedir documentos que muestren su presencia legal en el país...
—Kavanaugh: ¿Para todos los recién nacidos?
—Sauer: No sabemos, porque a las agencias no se les ha dado la oportunidad de formular la guía.
—Kavanaugh: Solo tienen 30 días para hacerlo, ¿cree que lo podrán hacer a tiempo?
—Sauer: Eso es lo que les instruye la orden ejecutiva.
Toma la palabra el procurador general de Nueva Jersey, Jeremy Feigenbaum, que representará a los gobiernos estatales y locales.
La jueza Elena Kagan —igual que el juez Samuel Alito— recuerda al procurador Sauer que la orden ejecutiva para acabar con la ciudadanía por nacimiento ha sido repelida por varias cortes federales. Le pregunta cómo, si las cortes concluyen que el decreto de Trump es ilegal, debe proceder el máximo tribunal bajo la teoría de la administración sobre el poder limitado de los tribunales.
"¿Debe cada persona afectada por esta orden ejecutiva presentar su propia demanda?", le preguntó Kagan. "¿Cuánto tiempo llevará?", cuestionó al asegurar que no todos los afectados por la orden ejecutiva tienen los recursos para presentar una demanda.
"Todos esos individuos (que pueden presentar una demanda) van a ganar. Y quienes no pueden van a perder en todo esto", dice.
Sauer intenta responder, pero varios colegas de Kagan, junto con la jueza, intervienen para aclarar que no han escuchado una forma clara de que el tribunal pudiera garantizar rápidamente que el gobierno no tome medidas inconstitucionales.
Ante la pregunta, el procurador Sauer dijo que no.
Se espera que la Corte Suprema decida sobre el tema de esta audiencia a finales de junio o principios de julio. Sin embargo, la pregunta del magistrado jefe de la Corte Suprema John Roberts abre la puerta a una decisión antes de ese tiempo.