Política

En una orden escrita en un tono airado, el juez James Boasberg le dio a la Casa Blanca hasta el próximo martes para que explique por qué cree que haber permitido que los vuelos continuaran su viaje al país centroamericano no violó las instrucciones del magistrado, que había ordenado bloquear la operación y que regresaran a EEUU.

CBS News publicó este jueves una "lista interna" del gobierno estadounidense con 238 nombres que corresponderían con las personas indocumentadas deportadas al país centroamericano.

El principal sindicato de trabajadores postales denunció que los planes del gobierno de Trump beneficiarían sólo a las empresas privadas.

Los aranceles estadounidenses de 25% entraron en vigor el 12 de marzo, y en respuesta, la Unión Europea adelantó la implementación de dos grupos de medidas equivalentes, el primero de los cuales debía entrar en vigor este primero de abril.

Los 238 venezolanos deportados por EEUU y encarcelados en El Salvador no solo no han sido acusados ni condenados, sino que además la Casa Blanca reconoce que 101 de ellos fueron detenidos bajo las leyes estadounidenses de inmigración, y no bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, por lo que la única falta de la mayoría de ellos fue su ingreso o permanencia irregular en EEUU.

Aunque la Casa Blanca lo calificó de “activista demócrata”, lo cierto es que Boasberg se ha labrado una reputación como un jurista íntegro y respetado tanto por el Partido Demócrata como el Republicano.

La orden ejecutiva exige el cierre del Departamento de Educación de Estados Unidos. Su plan, que se espera se anuncie este jueves, fue adelantado por un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato antes del anuncio.

Trump dijo que habló durante alrededor de una hora con su homólogo ucraniano, su primera conversación desde que tuvieron una discusión televisada en la Oficina Oval el mes pasado.

El exdirector ejecutivo de la organización, George Moose, prometió emprender acciones legales y dijo que “lo que ha sucedido hoy aquí es una toma de control ilegal por parte de elementos del poder ejecutivo de una organización privada sin fines de lucro”.

Seguimos la fabricación de una pieza desde Nuevo León hasta su venta en EEUU, pasando por Iowa, Ontario y Michigan, para mostrar cómo la amenaza de Trump de imponer aranceles a las importaciones de México y Canadá afectaría el precio de los vehículos nuevos.