El mayor proveedor de servicios de salud reproductiva en Estados Unidos, Planned Parenthood, confirmó este lunes lo que ya había anunciado la semana pasada: que abandonará el programa conocido como Title X, sacrificando así millones de dólares de fondos federales. ¿La razón? No están dispuestos a cumplir con los cambios implementados por el gobierno de Donald Trump en su llamada 'gag rule' que han bautizado como ley mordaza pues prohíbe a los proveedores que reciban fondos del Title X referir a pacientes para que se realicen un aborto u ofrecerles información sobre dónde obtener uno.
La organización asegura que esta regla está siendo usada para forzar la salida de las entidades de Planned Parenthood subvencionadas al Title X, el programa nacional y bipartidista con décadas de funcionamiento que brinda métodos anticonceptivos y de atención de la salud reproductiva a bajo costo.
“Nos rehusamos a dejar que la administración Trump-Pence nos amenace para ocultarle información sobre el aborto a nuestros pacientes. La ley mordaza es antiética y peligrosa y no vamos a dejar que nuestros pacientes sean sometidos a ella”, reaccionó en un comunicado Alexis McGill Johnson, presidenta interina y directora Ejecutiva de Planned Parenthood Federation of America.
Quienes trabajan en Planned Parenthood no son los únicos condenando a esta ley mordaza que condiciona el Title X. La opinión generalizada entre los médicos es que haber forzado a PP a salirse del programa –después de haber formado parte desde su creación hace 50 años hasta hoy– tendrá graves consecuencias para las millones de mujeres de bajos ingresos. Uno de ellos es el cirujano Eugene Gu, quien ha asegurado que "la regulación es una afrenta a la ética médica".
Nueva política evitaría que más de un millón de hispanas accedan a servicios de salud reproductiva
En fotos: ellos defienden el derecho a decidir y alertan sobre los peligros de criminalizar el aborto en Alabama
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"Las mujeres de Alabama resisten" se lee en la pared de la habitación de Julia Walker, en Montgomery, Alabama. "Los legisladores de mi estado y la gobernadora Kay Ivey aprobaron recientemente una de las peores restricciones al aborto y por eso quiero destacar la hipocresía de decir que se trata de un estado prolife, 'que está a favor de la vida', cuando tiene una de las peores cifras de mortalidad infantil y ni siquiera ha expandido el Medicaid".
Ana María Rodríguez
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Travis Jackson es escolta en la clínica de Montgomery. Es veterano y tiene años trabajando como voluntario, en defensa de que las mujeres puedan decidir si desean llevar a término o no un embarazo. Dice que ha visto cómo los manifestantes
"les gritan obscenidades a las mujeres". Poco a poco se han ido volviendo más violentos y ahora nos preocupa que las pacientes sean perseguidas cuando se dirigen a sus vehículos.
Ana María Rodríguez
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La entrada de la única clínica que practica abortos en la capital de Alabama: Reproductive Health Services. Afuera, dos manifestantes que aseguran haber manejado más de tres horas para acudir al centro de salud a protestar.
Ana María Rodríguez
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Ella es Mia Raven, fundadora de la 'Power House' un centro comunitario justo al lado de la clínica donde ella también trabaja: se encarga de todo lo que no es médico, de la parte administrativa. "Estas prohibiciones confunden a la gente. Las personas creen que ya no podrán acceder al cuidado que necesitan. No vas a detener los abortos al prohibirlos, lo único que esta ley conseguirá es restringir el acceso a los abortos seguros y las mujeres se van a morir. La gente cree que exagero cuando lo digo, pero no: las embarazadas harán lo que tengan que hacer si están desesperadas".
Ana María Rodríguez
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En la clínica de Montgomery solo se practican abortos los días viernes. Una patrulla de policía se estaciona afuera, a modo de prevenir incidentes violentos.
Ana María Rodríguez
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Helmi Helkin, líder del grupo de escoltas en la West Alabama Clinic, la única clínica en Tuscaloosa y una de las tres existentes en el estado.
Ana María Rodríguez
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La doctora Yashica Robinson, una ginecóloga con 14 años de experiencia que también ejerce como obstetra asistiendo un promedio de 20 partos al mes en otro hospital. Ella ha alzado su voz para explicar “cuán necesarios” son los servicios que provee destacando el mismo argumento de organizaciones de derechos humanos, abogados y demás expertos en salud reproductiva: “las prohibiciones al aborto no impiden que ocurran. lo único que hacen es volverlos menos seguros. Si alguien necesita uno, por la razón que sea, lo buscará, incluso fuera del sistema de salud”.
Ana María Rodríguez
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En el estado de Alabama hay un período de espera de 48 horas para quien necesite acceder al procedimiento”, explica la enfermera Lashonda Clemons-Pinchon. La ley exige a las enfermeras como ella ofrecer una sesión de consejería a quienes asistan a una primera cita en la clínica: les da a conocer sus opciones y les entrega un folleto con recursos de ayuda (como cupones de comida, por ejemplo) en caso de que decidan continuar con el embarazo. “No estoy lidiando con personas que no pueden decidir por sí mismas. Esta es probablemente una de las decisiones más complicadas que les tocará tomar en sus vidas, de modo que cuando llegan al consultorio, ya tienen claro lo que necesitan hacer”.
Ana María Rodríguez
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La Cámara de Representantes del estado de Alabama, sede de múltiples protestas desde que la legislación se aprobó.
Ana María Rodríguez
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El reverendo William Barber II, otra de las voces que se han alzado para condenar la restrictiva prohibición aprobada en el estado, que aún no está vigente, gracias a las demandas que la ACLU y Planned Parenthood le han interpuesto en corte.
Ana María Rodríguez
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"Un aborto me salvó la vida", dice esta joven que viajó desde Tenessee hasta Montgomery para protestar en contra de la legislación. Asegura que cuando se sometió al procedimiento lo hizo en medio de una relación abusiva que finalmente pudo abandonar.
Ana María Rodríguez
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"Estoy peleando por mi cuerpo y mis derechos", dice la pancarta de esta otra manifestante.
Ana María Rodríguez
