SACRAMENTO, California.- En medio de las dificultades que la comunidad hispana enfrenta, entre ellas económicas, un restaurante hispano en Sacramento ha sido víctima del fraude “comer y marcharse”, no solo en una, sino en 21 ocasiones.
Un video compartido con N+ Univision Sacramento muestra a una pareja saliendo tranquilamente de un restaurante sin pagar la cuenta. Aunque la escena parece aislada, propietarios del lugar aseguran que este tipo de incidentes se ha vuelto cada vez más frecuente y afecta directamente la viabilidad de los negocios.
Según el testimonio de una familia dueña de un restaurante, en el último año se han registrado al menos 21 casos en los que clientes consumen alimentos y abandonan el lugar sin pagar. En algunos episodios, las pérdidas alcanzan hasta 300 dólares, una cifra significativa para establecimientos con márgenes de ganancia reducidos.
Así impacta el fraude a los restaurantes
Expertos del sector explican que un restaurante pequeño suele operar con utilidades netas de entre 3% y 10%. En ese contexto, pérdidas recurrentes de 30, 50 o 100 dólares pueden impactar gravemente las finanzas diarias e incluso poner en riesgo la continuidad del negocio.
De acuerdo con el sitio legal Schmieran Clark, alrededor del 5% de los clientes en Estados Unidos admite haberse ido de un restaurante sin pagar en algún momento. Esta práctica, conocida como “comer e irse”, no solo genera pérdidas económicas, sino que también constituye un delito en varios estados.
Propietarios afectados también señalan que algunos clientes reinciden e incluso regresan al mismo local. Ante esto, autoridades recomiendan denunciar los hechos y, en algunos casos, solicitar la intervención policial para prevenir nuevos incidentes.
“Comer e irse” es penado en California
California tiene un estatuto criminal específico que trata las situaciones de “comer e irse”, aunque tiene un nombre confuso. Se le conoce como la ley de Defraudar a un Posadero, Sección 537 del Código Penal de California.
En el Estado Dorado este acto se considera fraude contra el propietario del establecimiento. Las sanciones pueden incluir hasta seis meses de cárcel y multas de hasta 1,000 dólares.
El aumento de estos casos ha encendido las alarmas en la industria gastronómica, especialmente entre pequeños empresarios que dependen del ingreso diario para sostener sus operaciones.