Ayotzinapa

Al final de la administración de Peña Nieto, los tribunales mexicanos determinaron que la investigación había estado plagada de errores, manipulaciones y no fue imparcial. Además, hubo decenas de casos de torturas.

Los militares, procesados por desaparición forzada y delincuencia organizada, habían sido liberados a principios de año aunque, poco más tarde, volvieron a ser detenidos. Ahora, después de un mes de audiencias, el tribunal que lleva su caso volvió a determinar que podrán seguir el proceso fuera de la cárcel

La decisión que tomó el año pasado el gobierno mexicano de realizar un nuevo censo de personas desaparecidas alentó un mar de críticas y dudas en torno a los diferentes registros que hay en el país.

La última vez que vieron a los agentes fue el domingo pasado en Cuernavaca, Morelos, donde la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas difundió las fichas informativas de Suay Kassandra Domínguez y Enrique Linares.

Fuentes federales citadas por El Universal informaron que tres de los 16 militares acusados ya fueron detenidos y trasladados a la prisión militar del Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México, y se espera que este miércoles otros ocho sean arrestados.

Dos de los nueve agentes detenidos el miércoles en el sureño estado de Guerrero fueron señalados por un testimonio como quienes desollaron a Julio César Mondragón, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Según un panel integrado por expertos de EEUU, México, Alemania y otros países europeos, alrededor del 70% de las armas con las que se producen homicidios en México vienen de Estados Unidos. Estas armas acaban en manos del crimen organizado o de instituciones policiales.

Se han emitido en total cuatro órdenes de arresto para miembros del Ejército mexicano por el caso de la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Este mes se cumplen ocho años del suceso que conmocionó a México.

Escoltado por vehículos de las Fuerzas Armadas, el exprocurador general fue trasladado este sábado a una prisión, en donde tuvo lugar su primera comparecencia ante un juez. Murillo Karam está acusado por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia por el caso 'Ayotzinapa'.