Departamento de Justicia

El cambio de política anunciado este sábado se produce después de que el presidente Joe Biden dijera el mes pasado que era “sencillamente incorrecto” intervenir los datos de los periodistas y que el Departamento de Justicia pondría fin a esa práctica durante su gobierno.

El fiscal general adjunto en funciones del Departamento de Justicia, John Carlin, informó a Reuters que el gobierno federal estará dando prioridad a los casos de ataques con ransomware a través de un nuevo proceso, empleado antes para investigaciones de terrorismo.

Paul Allard Hodgkins, que llevaba una bandera de la campaña de Trump el día de la toma del Congreso, admitió su culpabilidad en uno de los cargos en su contra, como parte de un acuerdo que le permitiría reducir considerablemente su eventual condena.

Según el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, en San Antonio hay 56 menores desaparecidos, cinco de los cuales ahora son adultos si todavía están vivos.

El despacho del fiscal general Merrick Garland dio a conocer apenas dos páginas del polémico informe escrito en su momento por funcionarios del exfiscal William Barr, pero prepara una apelación para proteger el resto del documento, que una jueza ordenó publicar por completo.

La nueva orden de Abbott empezará a aplicarse a partir de este viernes 21 de mayo y contempla sanciones de hasta $1,000 para aquellos gobiernos o funcionarios locales que busquen imponer el uso obligatorio de mascarillas.

El pacto bipartidista es un avance para crear un cuerpo que investigue lo ocurrido el pasado 6 de enero, cuando seguidores del entonces presidente Trump irrumpieron en el edificio del Capitolio. Funcionará bajo las mismas premisas que la Comisión que investigó los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El mayor Christopher Warnagiris, de 40 años y destinado a la base de Quantico, Virginia, se convirtió en el primer militar en activo en ser condenado por los sucesos del Capitolio, con varios cargos federales en su contra.

El Departamento de Justicia anunció la semana pasada que el gobierno de Joe Biden nombró a los primeros 17 jueces que se agregan a la lista de otros 500 que integran la Corte de Inmigración. La decisión, sin embargo, inquieta a las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

Un hombre fue detenido en California por autoridades federales por adquirir con fondos de ayuda para afrontar la pandemia para empresas tres autos deportivos de lujo que, juntos, podrían alcanzar más de $860,000. De hallarse culpable, podría ser condenado a más de 302 años de prisión.