Elecciones en EEUU 2020

Las autoridades sanitarias del condado de Santa Clara tienen un calendario durante las fiestas de diciembre para autoadministrar la prueba de detección del coronavirus y no ocupar al personal médico que está día y noche con los pacientes más graves del virus.

La Junta de Supervisores de condado de Monterrey aprobó un programa piloto para alentar la participación de las comunidades pobres y de minorías en las pruebas de detección para el covid-19.

En la encuesta, el 83% de los republicanos se oponen a que Pelosi se quede como presidenta. Los independientes tampoco la apoyan: solo el 22% dice que debería seguir siendo, mientras que el 59% dice que no debería hacerlo.

Fue bien recibida en California la designación del secretario de Estado, Alex Padilla, hecha por el gobernador Gavin Newsom para ocupar el escaño que deja la demócrata Kamala Harris.

Los líderes del clero afroestadounidense en Georgia criticaron que la campaña de la senadora republicana Kelly Loeffler acuse a Warnock, el pastor principal de la iglesia bautista Ebenezer de Atlanta, de "radical" y "socialista".

La Junta de Supervisores de Santa Clara quiere evitar la experencia pasada en que se prometió usar el dinero de impuestos para financiar varios proyectos de transporte, pero casi todo el dinero se gastó en el BART.

La banda del Este de Los Ángeles Las Cafeteras cambió sus ritmos de cumbia, trap y "gritos" mexicanos para llegar con el éxito de Ray Charles a los votantes latinos en apoyo a los demócratas Jon Ossoff y Ralph Warnock.

Alex Padilla se convertirá en el primer latino en representar a California en el Senado federal, luego de ser seleccionado por el gobernador Gavin Newsom para reemplazar a Kamala Harris, quien fue elegida como vicepresidenta de Estados Unidos.

Los recortes de prespuestos para el departamento de Policía de Oakland responden a algunas demandas de los activistas pero también recortan las actividades de respaldo a los jóvenes.

Una corte federal de Houston escuchó los argumentos de Texas, que encabeza una demanda multiestatal que empezó en 2018 y que cuestiona la legalidad con que se instauró el programa durante el gobierno de Obama. Protege de la deportación a cerca de 700,000 jóvenes inmigrantes.