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La compra del edificio para convertirlo en un centro de detención migratoria ha sido pausada mientras el gobierno federal revisa contratos similares en varios estados. El proyecto ha generado fuerte oposición de autoridades locales y residentes, quienes cuestionan su impacto en la comunidad y su viabilidad; aún debe pasar por evaluaciones antes de avanzar.

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La Corte Suprema escuchó los argumentos sobre la orden ejecutiva de Donald Trump, que afecta la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal. Trump asistió a la audiencia, siendo la primera vez que un presidente en ejercicio se presenta a un acto de ese tipo; mientras manifestantes se congregaron afuera.

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Indiana se convirtió en el primer estado en revocar licencias comerciales a conductores sin estatus migratorio. La medida generó preocupación entre dueños de empresas de transporte, quienes advirtieron posibles impactos negativos en sus operaciones y en el futuro de sus negocios.

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A un año de la redada ejecutada por agentes de ICE en el condado Hays y que fue vinculada con el Tren de Aragua, familiares de los 47 inmigrantes venezolanos, incluidos menores, que fueron arrestados en Dripping Springs piden justicia. El juez Rubén Becerra afirmó que las personas detenidas no tenían vínculo con alguna organización criminal y señaló que fue "un proceso racista".
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El presidente Donald Trump estuvo presente en la sala del tribunal en una estancia que pareció estar motivada principalmente por su interés en escuchar los argumentos expuestos por su abogado John Sauer; una vez que este concluyó, el presidente se retiró.

El acceso a préstamos para pequeños negocios se limita a ciudadanos y nacionales, excluyendo incluso a dueños con residencia permanente. La medida afecta a cientos de emprendedores inmigrantes en California y en todo el país, generando preocupación por su impacto económico.

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Miles de personas dejarán de recibir beneficios de CalFresh, desde el 1 de abril tras nuevos cambios migratorios en EEUU. Las medidas excluyen a refugiados, asilados y otros grupos, limitando la ayuda solo a ciudadanos y residentes permanentes, lo que afecta a numerosas familias.

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Organizaciones proinmigrantes, familiares y amigos de un joven identificado como JC denuncian que, tras permanecer recluido más de 90 horas en la cárcel del condado Orange, el joven fue entregado a ICE. Actualmente se encuentra en un centro de detención donde denuncia haber sufrido maltratos, condiciones precarias y coacción para autodeportarse. Vía telefónica, el joven inmigrante relata los detalles de su encierro.
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Una familia denunció que su abogado desapareció con sus ahorros durante un proceso judicial, dejándolos abandonados. El caso refleja un aumento de estafas contra inmigrantes vulnerables, situación que las autoridades federales están intentando frenar mediante nuevas medidas de protección.

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El Concejo del Distrito de Columbia votó por unanimidad para anular el veto de la alcaldesa Muriel Bowser a una ley de transparencia. La normativa obliga a la Policía Metropolitana a documentar detalladamente sus colaboraciones con agentes de ICE cuando se emplee la fuerza. Bajo esta medida, los elementos locales deben registrar obligatoriamente los nombres y detalles de los agentes federales involucrados en dichas operaciones.
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