Jair Bolsonaro

Bolsonaro enfrentaba un juicio en ese tribunal por acusaciones de liderar un intento de golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota en las elecciones de 2022.

La decisión más reciente del juez mantendrá al exmandatario bajo monitoreo con tobillera y solo se le permitirán visitas de familiares y abogados. Además, se le confiscarán todos los teléfonos móviles de su hogar.

El presidente Trump amenazó a Brasil con imponer un arancel del 50% si no detienen el juicio contra el exmandatario Jair Bolsonaro. Las acusaciones en contra del brasileño recuerdan a las que enfrentó el estadounidense tras el asalto al Capitolio el 6 de enero.

El presidente Donald Trump impuso un arancel del 50% el miércoles a las importaciones de Brasil, citando como excusa el juicio que se le sigue en ese país a su expresidente Jair Bolsonaro, el cual calificó de "cacería de brujas".

La acusación de la Fiscalía queda ahora en manos de la Corte Suprema, que la analizará y deberá decidir si inicia un juicio contra Bolsonaro por estos hechos.

La semana pasada, la Policía Federal acusó formalmente a Jair Bolsonaro y a otras 36 personas por su presunta responsabilidad en planear un golpe de Estado hace dos años. Su informe de 884 páginas enviado a la Corte Suprema fue desclasificado este martes y permitió conocer los detalles del complot.

La acusación eleva dramáticamente las apuestas en una serie de investigaciones sobre el expresidente, que es calificada de persecución política por sus partidarios.

La orden de detención de Anderson Torres está firmada por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien también autorizó el viernes, a pedido de la Fiscalía General, incluir a Bolsonaro en las investigaciones que buscan determinar quienes fueron los instigadores y autores intelectuales del ataque.

Verificamos dos desinformaciones que circulan en redes sociales tras los ataques a las sedes de poderes públicos de Brasil el 8 de enero de 2023.

El jefe de la autoridad electoral de Brasil ordenó también la suspensión de los fondos gubernamentales para la coalición del Partido Liberal hasta que se pague una multa de 23 millones de reales (4.3 millones de dólares) por litigio de mala fe.