Ketanji Brown Jackson

En una decisión unánime, el alto tribunal determinó que demandantes de grupos considerados mayoritarios no tienen un estándar más alto que las minorías para probar casos de discriminación dentro de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación basada en raza, religión, origen nacional, sexo y orientación sexual.

El abogado del gobierno intentó demostrar ante los magistrados cómo las decisiones de los tribunales inferiores impactan la capacidad del presidente Trump para emitir órdenes ejecutivas. Pero ante un tema de gran magnitud como el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento, no queda clara la solución a la que llegarán los jueces, posiblemente a finales de junio.

La jueza dijo que los ataques verbales contra los jueces representan una amenaza al Estado democrático.

Expertos critican la “amplitud” de la inmunidad parcial otorgada este lunes a Donald Trump por la Corte Suprema y la poca concreción a la hora de definir cuáles son o no actos oficiales realizados durante su cargo como presidente.

El presidente también criticó el hecho de que esta decisión vaya a retrasar el proceso abierto contra el expresidente por su supuesta interferencia en los resultados de las pasadas elecciones y el asalto al Capitolio en 2020.

La jueza Sonia Sotomayor lamentó en su opinión disidente que la Corte Suprema haya dado a futuros presidentes carta blanca para que “violen la ley". También asegura que crea una "inmunidad expansiva para todos los 'actos oficiales'".

Acción afirmativa es la política diseñada para incluir grupos particulares en áreas en las que están subrepresentados. De ellas se beneficiaron jueces de la corte, como Sonia Sotomayor, una de sus defensoras, y Clarence Thomas, detractor de la práctica.

El caso involucra una sección de la ley federal de inmigración que dice que una persona que “estimule o induzca” a un no ciudadano a venir o permanecer ilegalmente en Estados Unidos puede ser castigada con hasta cinco años de prisión, que había sido declarada inconstitucional por violar la libertad de expresión.

La inmigrante transgénero guatemalteca León Santos-Zacaria fue violada a los 12 años por un vecino por “ser homosexual”. Tras pedir asilo en Estados Unidos un juez le negó la solicitud y recibio una orden de deportación. La mujer alega que, en caso de ser deportada a su país, es probable que sufra persecuciones por su identidad de género.

El polémico comentario ocurrió mientras la Corte Suprema en pleno escuchaba los argumentos de las partes en un caso que podría determinar la constitucionalidad de leyes estatales que buscan proteger a personas contra actos de discriminación en establecimientos de servico al público.