Órdenes ejecutivas

En el contexto de las órdenes ejecutivas migratorias firmadas por el mandatario republicano, se ha difundido un video que desinforma sobre de dónde provendría la subvención para las deportaciones.

La orden afirma que EEUU no ha "aplicado las protecciones electorales básicas y necesarias" y pide a los estados que colaboren con las agencias federales para compartir las listas de votantes y perseguir los delitos electorales.

La nueva orden ejecutiva de Trump insta a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a "tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los estados".

La orden ejecutiva firmada por Trump para desmantelar el Departamento de Educación y la página web de la agencia reconocen que esta "no educa directamente a los estudiantes" y, pese a ello, el presidente lo culpa de los bajos índices de rendimiento en matemáticas o lectura que muestran los estudiantes estadounidenses que están regidos por planes diseñados por esos gobiernos estatales y locales.

Tras varias semanas de expectativa, Trump firmó una orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación, aunque para lograrlo necesitaría la acción del Congreso. La medida deja una serie de afectados por programas que quedan en suspenso y no cumple la promesa del presidente de "devolver la educación a los estados" porque ya estos son los que manejan la casi totalidad del sistema y el gobierno federal no tiene injerencia alguna.

El juez también impidió al personal del DOGE acceder a datos personales confidenciales que conserva la agencia.

Según expertos legales, las deportaciones hechas por el gobierno de eTrump en base a la Ley de Enemigos Extranjeros, potencialmente rompen varias leyes vigentes, lo que podría hacerlas nulas. Estos son los estatutos potencialmente violados por el gobierno de Trump.

Además de los repetitivos comentarios de Trump en contra de los jueces que bloquean sus órdenes ejecutivas, los reclamos de sus aliados y partidarios podrían crear una crisis constitucional.

La decana del Sixth College de la Universidad de California en San Diego, Lakshmi Chilukuri, una de las proponentes de las iniciativas de DEI en esa institución educativa, es también la suegra del vicepresidente JD Vance, quien busca eliminar esas iniciativas de la vida pública estadounidense.

La decisión supone una victoria al gobierno de Trump tras una serie de reveses judiciales para la agenda del presidente frente a decenas de demandas.