Viviana Ávila

La ciudad ha sido la primera del país en radicar una demanda contra el gobierno por el recorte en los fondos federales anunciado para las ciudades santuario. El equipo legal que ha presentado la demanda espera recibir una respuesta antes de que se venza la fecha en la que pueden solicitar fondos federales para seguridad. Los recortes anunciados por Sessions ascenderían a más de tres millones de dólares.

El alcalde, Rahm Emanuel, dijo que no se dejará chantajear con las medidas propuestas por la administración de Donald Trump y agregó que los inmigrantes siguen siendo aceptados. Se espera que las autoridades de Chicago puedan tener una respuesta antes del 5 de septiembre, fecha en la que se podrían solicitar fondos para la modernización del Departamento de Policía si se obtiene un dictamen positivo.

Chicago se convierte en la primera ciudad del país en anunciar una demanda federal contra el Departamento de Justicia, después de que el fiscal general Jeff Sessions dijo que se retendrán fondos federales a ciudades o estados santuario que no cumplan con leyes federales de inmigración, que, entre otras cosas, exige acceso ilimitado de agentes de inmigración a estación de policía locales para preguntar sobre el estatus legal de los detenidos.

Tras más de 11 días en protesta, los organizadores de esta manifestación pudieron no solo reunirse con Peter Roskam, jefe de la bancada republicana de la Cámara de Representantes del estado, sino también recibir su apoyo para tratar de evitar la desaparición de DACA y TPS.

Plantados a las afueras de unos 140 concesionarios de autos nuevos, los trabajadores piden, además de un aumento de sueldo, horarios más flexibles y un ambiente laboral óptimo para el desarrollo de su profesión.

La entidad comunitaria LULAC ayuda a por lo menos 6 familias con trámites de permisos humanitarios para que puedan reunirse con los afectados por la tragedia en la que fallecieron 10 inmigrantes por presunta deshidratación y asfixia, después de viajar en un contenedor que hallaron estacionado en un Walmart de la ciudad texana San Antonio.

Quieren que su protesta llegue hasta las autoridades pertinentes para que el programa no sea revocado en los próximos meses. Beneficiarios de TPS también se unieron a la iniciativa.

La alerta se activó tras la publicación de un memorando en el que ICE comenzaría a hacer redadas que incluyen a jóvenes sospechosos de ser pandilleros. El memorando ya ha generado reacciones entre activistas y políticos pro inmigrantes.

Rogelia María Zarco lleva 40 años en Estados Unidos y todavía no tiene una identificación federal. Hace 17 años presentó una solicitud para ajustar su estatus migratorio a través de su padre, pero todavía no ha recibido respuesta. No es la única, muchos inmigrantes viven angustiados la larga espera de sus procesos migratorios.

De acuerdo con la policía, el conductor de una camioneta se aproximó a la adolescente de 14 años de edad y le preguntó si quería que la llevara a algún lugar. El hombre huyó después de que ella salió corriendo.