Wanda Vázquez Garced

“Puertos recientemente adquirió los primeros termómetros para comenzar a realizar el cernimiento de todos los camioneros y estibas en las instalaciones de Crowley en Isla Grande a partir de hoy”, dijo el director de la Autoridad de Puertos.

La gobernara evaluará las recomendaciones del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

El equipo de trabajo, compuesto por la Fiscalía Federal, el Task Force médico, el Departamento de Salud, el Departamento de la Familia, la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia, la Guardia Nacional de Puerto Rico, la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada, los Centros 330, organizaciones sin fines de lucro, entre otros, realizará las pruebas rápidas y, a las personas que tengan resultados positivos, se les realizará la prueba molecular (PCR).

“La Determinación Administrativa extiende el periodo de Exención Temporera de IVU en alimentos preparados hasta el domingo, 3 de mayo de 2020. Continuamos estableciendo medidas en favor de todos los ciudadanos ante la emergencia de salud que enfrentamos por el COVID-19”, expresó la gobernadora.

Morales, quien preside la Comisión de Salud de la Cámara, fue colocado en el vórtice de la polémica de la presunta corrupción en el Departamento de Salud, para repartir contratos a empresas vinculadas al Partido Nuevo Progresista.

El gobierno de Puerto Rico ha sido sacudido, no solo por la pandemia, también por los escándalos que se han destapado en el Departamento de Salud que generan críticas a las acciones de la gobernadora y su equipo.

La nueva medida es una enmienda a la “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico”, luego de que mediante la Orden Ejecutiva 2020-02 se decretara un estado de emergencia por el COVID-19.

“Mi interés es que las cosas se hagan de la manera correcta. No vamos a permitir actuaciones que siembren dudas. No permitiré actuaciones fuera del marco de la ley. Estamos extenudados de personas que tratan de aprovecharse del amiguismo. Seguiré buscando con mis decisiones la trasparencia”, declaró la gobernadora.

Esta moratoria aplicará a aquellos clientes o deudores que notifiquen a su acreedor financiero que su situación financiera ha sido directamente afectada por los efectos de la promulgación de la Orden Ejecutiva OE-2020-023, que estableció el toque de queda que existe actualmente en la Isla. La medida incluye además a las cooperativas y la Asociación de Empleados del ELA.

La querella cuestiona el uso de las emisoras de radio y televisión de la Corporación para la Difusión Pública (WIPR) para controlar la información que se comunica relacionada con la emergencia del coronavirus.