La madrugada del 28 de agosto agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) se presentaron en la entrada de una casa en Compton, en el sur de California, y arrestaron a un hombre que salía de ella para dirigirse al trabajo. Fue la última vez que lo vio su familia. El hombre, un mexicano indocumentado, fue arrestado una semana después de un operativo nacional tras una moratoria a sus actividades por la pandemia.
En esa operación, más de 2,000 inmigrantes en diez estados quedaron bajo custodia federal a lo largo de seis semanas, del 13 de julio al 20 de agosto. ICE afirma que el 85% fueron convictos o estaban acusados por varios delitos, incluso graves.
Pero la familia del mexicano detenido en Compton afirma que él no tiene antecedentes penales y reclaman se trató de un ‘arresto colateral’, como llaman a las capturas que ICE realiza fuera de su lista de fugitivos.
“Mi papá no tiene récord criminal; es un hombre honesto y trabajador”, aseguró su hija, que pidió que no se publique el nombre de su padre por temor a que haya represalias contra él en el Centro de Detención para Migrantes en Adelanto, donde ahora se encuentra.
“Esto es una injusticia. Por qué a personas como mi papá, que han contribuido a este país, se los llevan solo porque vinieron buscando una vida mejor”, dijo la joven, de 27 años, en una entrevista con Univision Noticias.
Según su relato, agentes de ICE llegaron a bordo de camionetas negras y abrieron la reja de su casa para aproximarse a su padre, quien estaba en el patio frontal. Traía una mochila llena de herramientas y se preparaba para ir a trabajar. Eran alrededor de las 5:00 am del viernes pasado. “Le dijeron que tenían una orden judicial, pero no le enseñaron ningún papel”, afirmó.
Antes de irse, los oficiales federales dejaron una nota en el parabrisas de un vehículo de la familia notificando así que habían realizado la detención. “No nos dieron la oportunidad de despedirnos de él”, lamentó la joven. “Yo le diría a ICE que tengan respeto, por lo menos informando a la familia. Ni tocaron la puerta para avisarnos que se llevaban a mi papá”, continuó.
Su padre emigró del estado mexicano de Guerrero en 1985, cuando era un adolescente. Jamás volvió a su comunidad. Hasta noviembre pasado trabajó reparando máquinas en una empresa de rines, pero lo despidieron por un recorte nominal. Desde entonces se ganaba la vida reparando vehículos por su cuenta. Su esposa, quien tiene residencia permanente, lleva dos años sin un empleo formal. Los tres hijos de este matrimonio son ciudadanos estadounidenses.
“La vida de mi papá está en este país. Nosotros no lo vamos a dejar solo”, señaló la joven, quien dijo su familia ha conversado sobre la posibilidad de mudarse a una ciudad mexicana en la frontera, quizás Tijuana, para estar con él. “Yo le digo a mi papá: ‘te quiero, tu familia está contigo y esta no será la primera vez que estarás sin nosotros’”, compartió.
“Es cruel, es inaceptable”
California es uno de los estados donde ICE realizó más detenciones en su reciente operativo nacional. Su oficina en Los Ángeles informó que puso bajo custodia a más de 300 personas. La dependencia precisó que el 85% de los más de 2,000 arrestados en varios estados cometió o está acusado por una variedad de delitos, desde violencia doméstica hasta homicidio. Es decir, alrededor de 500 inmigrantes no eran considerados una prioridad de captura de la agencia en su reciente incursión.
Cuestionado en una teleconferencia este viernes sobre el caso del inmigrante detenido en Compton, David Marin, director de ICE en Los Ángeles, dijo que no podía comentar sin tener información precisa del detenido, la cual su familia pidió no revelar. “Pero puedo decir que en nuestro operativo arrestamos a más de 300 personas y solo una persona no tenía un récord criminal”, señaló el funcionario.
Marin explicó que en dicha incursión fue detenido un mexicano de 45 años en La Puente, al este del condado de Los Ángeles, que no tenía antecedentes penales y que ahora enfrenta un proceso de deportación. “Estaba en el vehículo con un individuo que estábamos buscando y que tenía cargos pendientes de violencia doméstica”, describió el director de ICE en esta ciudad.
Juan José Gutiérrez, director de la Coalición de Derechos Plenos para los Inmigrantes, dijo en una entrevista con Edición Digital que alrededor del 15% de las detenciones en las redadas de ICE resultan con personas que no eran objetivos específicos de la agencia.
“Es muy común que Inmigración va a buscar a un migrante con orden de arresto, no lo encuentra y se va con los que haya en esa casa, en esa vecindad (...) Esto es cruel, es inaceptable", reclamó.
La oficina de ICE en Los Ángeles publicó información sobre cinco detenidos en su nuevo operativo, quienes parecen ser los que cometieron los peores delitos. Entre ellos, un mexicano convicto por golpear a su esposa en 2007, un hondureño que estuvo en la cárcel por violación en 2017 y un mexicano condenado por actos lascivos a finales de 2017.
“Al enfocar nuestros esfuerzos en los perpetradores de crímenes contra otros, pudimos eliminar las amenazas inmediatas de nuestras comunidades y, en muchos casos, prevenir futuros delitos”, dijo Marin este viernes.
El funcionario señala que el 30% de los arrestos que realizan en esta metrópoli tenían órdenes de retención (detainers), las cuales no acataron las policías locales por la ley santuario de California. Ese fue el caso de dos capturas en su reciente operativo. Los detainers fueron ignorados por el Sheriff y la Policía de Los Ángeles, dijo la agencia. En lo que va del año, la oficina local de ICE les ha enviado más de 25,000 pedidos de ese tipo.
Las casas secretas de los coyotes en Texas: la miseria de un negocio multimillonario (fotos)
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Una investigación encabezada por la Patrulla Fronteriza (USBP), la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Sheriff del condado de Webb detectó una casa de seguridad de un grupo de traficantes de personas en Laredo, Texas, la tarde del 23 de noviembre de 2019.
Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP)
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En el interior de la vivienda estaban 43 inmigrantes originarios de México, Guatemala, Honduras y Ecuador. “Todos se encontraron en buen estado de salud y fueron arrestados en espera de la investigación”, indicó la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) en un comunicado.
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Las deplorables condiciones de esta vivienda contrastan con el multimillonario negocio de los coyotes, que solo en 2017 pudo haber generado hasta $2,300 millones, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés).
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Se cree que esta actividad ilícita no se ha visto afectada con las caravanas de migrantes que se presentan en la frontera para pedir asilo a Estados Unidos. Estos seis migrantes, por ejemplo, fueron descubiertos en otra casa de seguridad en Laredo, Texas, el 5 de agosto de 2019. Llegaron desde México, Guatemala y Honduras.
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“Los traficantes de personas continúan utilizando hogares y negocios locales como punto de partida para los inmigrantes ilegales, causando molestias a los residentes de Laredo”, advierte la Patrulla Fronteriza. En esta guarida fueron hallados 38 indocumentado en mayo de 2018.
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Las tarifas que deben pagar los migrantes ahora superan los $10,000. Sin embargo, ellos reciben un trato miserable por parte de los coyotes mientras son llevados a sus destinos, de acuerdo con las autoridades.
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En estas condiciones vivieron temporalmente ocho guatemaltecos detenidos por la Patrulla Fronteriza y el Sheriff del condado de Webb en Central Laredo en julio de 2018.
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A principios de febrero de 2017, las autoridades encontraron a 11 inmigrantes en una vivienda en la ciudad de Eagle Pass, cerca de la zona limítrofe con México. Se trataba de ocho mexicanos, una hondureña, y un hombre y una mujer salvadoreños.
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“Las organizaciones criminales utilizan habitualmente sus casas secretas para colocar inmigrantes en condiciones a menudo infrahumanas. Por lo general, las personas deben esperar a que los transporten hacia el interior de Estados Unidos y pagar tarifas a los contrabandistas”, señala la Patrulla Fronteriza.
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La Patrulla Fronteriza advierte que “no es raro que estos inmigrantes indocumentados sean retenidos durante semanas o más en estructuras pequeñas y estrechas sin ventilación adecuada, agua potable, ni condiciones saludables”.
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Las autoridades también alertan que las personas que vigilan estas guaridas también se dedican al secuestro, robo, abuso físico y agresiones sexuales de los inmigrantes que reciben.
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Los migrantes son transportados a estos lugares inmediatamente después de que cruzan ilegalmente la frontera de distintas maneras: caminando varios días por el desierto, ocultos en vehículos que pasan por garitas aduanales o nadando por el peligroso Río Grande.
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Los crímenes que ocurren en estos sitios y durante el recorrido por la frontera generalmente no se reportan a las autoridades por miedo a la deportación o porque los migrantes desconfían en la policía en sus lugares de origen, según oficiales fronterizos entrevistados por Univision Noticias.
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Estos 37 indocumentados estaban en una vivienda secreta detectada en el sur de Texas en mayo de 2016. La mayoría de ellos eran hombres jóvenes.
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Este escondite fue encontrado en junio de 2018 en Laredo. Lo hallaron después que la Patrulla Fronteriza y el Sheriff de Webb recibieron información de que varios indocumentados estaban allí.
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El operativo concluyó con la detención de 62 personas que cruzaron la frontera ilegalmente. Procedían de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
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Al anunciar los arrestos, José Martínez, entonces subjefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de Laredo, dijo que esta acción reflejaba el compromiso de las autoridades “para interrumpir la actividad ilícita, negar a las organizaciones criminales la capacidad de operar y proteger la vida humana”.
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Una de las medidas para combatir el contrabando de migrantes es demoler sus escondites, como este ubicado en la ciudad de San Juan, en Texas.
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La pequeña vivienda fue derrumbada usando maquinaria pesada y bajo el resguardo de oficiales de la Patrulla Fronteriza.
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Un estudio publicado por Rand Corporation en abril contradice una añeja versión de funcionarios de EEUU: que los carteles están involucrados directamente en el tráfico de personas. Pero alerta que los migrantes les tienen que pagar al pasar por sus territorios, generando una ganancia de entre $30 y $180 millones al año.
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El reporte de Rand Corporation recomendó a las autoridades estandarizar y ampliar el rango de preguntas que los oficiales fronterizos hacen a los migrantes para buscar información más consistente sobre los contrabandistas, rutas y pagos. Además de expandir sus esfuerzos para interrumpir los pagos que los coyotes reciben de los familiares de los migrantes en EEUU.
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