La familia P.* había pasado casi un mes durmiendo en el campamento improvisado bajo el Puente Internacional de Matamoros, en México. Estados Unidos había enviado a BGP*, de 29 años, a su hijo de 5, a su madre CPL* y a su hermana menor de 17 a ese lado de la frontera para que esperaran desde allí sus fechas de corte para pelear por el asilo. Su caso podría sonar común, como el de más de 1,500 centroamericanos en la misma situación en esa ciudad, pero no, tiene una particularidad: BGP es sorda y pese a su discapacidad fue enviada a México.
El viernes por la mañana los abogados de BGP supieron que la familia había sido admitida en Estados Unidos, fue una buena noticia. Pero lo que pasó la familia hasta ese momento es considerado por Carrie O'Connor, una de las defensoras parte de la organización Texas Civil Rights Project, como una muestra de lo "arbitrario y caprichoso" que es el programa 'Remain in Mexico', por el que más de 30,000 migrantes han sido enviados a México y están esperando sus casos de asilo en algunas de las ciudades más peligrosas de la frontera, como Ciudad Juárez, Tijuana o Matamoros.
Los P. huyeron de El Salvador porque eran víctimas de violencia extrema y persecución de parte de diferentes grupos que los abogados no especifican por seguridad de la familia. Llegaron a Estados Unidos a inicios de septiembre tras cruzar el Río Bravo y se entregaron a agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP), que los llevaron hasta uno de sus centros de procesamiento en Texas.
De llegada los separaron por unas 24 horas, justo el tiempo en que se realizan las primeras entrevistas y chequeos médicos: a la madre de BGP, la única que podía interpretar lo que le decían a su hija, la pusieron en otro espacio; a BGP la dejaron con su hijo de 5 y su hermana menor. Los reunificaron solo tras la intervención del personal médico, que lo consideró necesario luego de que CPL padeciera un ataque de pánico.
Migrantes en campamento de Matamoros manifiestan su preocupación por el fin de 'catch and realease'
"Una persona con discapacidad y dos menores fueron separados del único adulto que podía ayudar a las autoridades a comunicarse con ella. Podemos decir que esto no es legal", explica O'Connor, quien agrega que los oficiales de CBP tampoco utilizaron a un intérprete certificado para ayudarla a entender lo que le explicaban sobre su futuro. "Esencialmente fue un proceso caótico".
Dos días después, sin ningún aviso ni notificación previa, BGP y su hijo fueron separados nuevamente del resto de la familia y montados en un bus que iría directo a México. "Los montaron en el autobús sin un intérprete, sin darles ninguna explicación. La madre (CPL) tuvo otro ataque de pánico, el personal médico intervino de nuevo para saber qué ocurría, intercedieron por ellos y BGP y su hijo fueron bajados", explica O'Connor.
A la familia no se le permitió permanecer entonces en Estados Unidos; todos juntos fueron enviados a Matamoros, de nuevo "sin notificación, sin explicaciones, sin que un juez de inmigración o un abogado hubieran revisado el caso y sin un intérprete".
Los menores no acompañados y las poblaciones vulnerables no pueden ser puestos bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM) y enviados a México, según explica el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en su web.
"Esta familia nunca debió ser considerada para permanecer en México", concluye la abogada, que asegura que el caso de BGP no es el único que conocen de una persona en situación de vulnerabilidad que es puesta bajo los PPM. Conocen de embarazadas, personas LGBT, gente que asegura tiene miedos creíbles y corre peligros en sus países y en México. "Nuestra clienta es una mujer sorda a la que nunca se le explicó nada y tampoco firmó nada (...) Vemos a muchas personas que nunca debieron estar en México. Por eso es que pensamos que es importante que el Congreso ponga fin a los PPM".
Después de todo lo anterior, los abogados seguían batallando para que la familia pudiera pelear su caso de asilo en territorio estadounidense. "En repetidas ocasiones les pedíamos a las autoridades en el puerto de entrada que los dejaran pasar y les explicábamos que la decisión (de frenarlos) era incorrecta", cuenta. Por esta familia intervino inclusive el precandidato demócrata a la presidencia, Joaquín Castro, quien durante su visita de octubre a Matamoros pidió que 12 personas fueran excluidas de los MPP, BGP entre ellos. Finalmente, el jueves los abogados enviaron una carta de demanda a CBP a nombre de los P. y el viernes les permitieron que su petición de asilo sea resuelta desde Estados Unidos.
*Los nombres de los miembros de esta familia fueron cambiados a solicitud de los abogados para evitar que sus solicitudes de asilo resulten afectadas.
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María, una guatemalteca de 27 años, fue regresada a México con sus tres hijos. Quiere ir a Estados Unidos para que sus niños tengan un mejor futuro y porque asegura que necesita protección porque era golpeada por su esposo. Ella asegura que tiene miedo de estar en México porque fue secuestrada y aunque escapó, amenazaron a su madre con que hallarían a la hija y la matarían. No ha logrado conseguir abogado que le apoye con su petición de asilo solo por estar en México. Si perdiera su caso no volvería a Guatemala, sino que se movería a Chiapas porque lo considera más seguro.
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La abogada de inmigración en San Diego Maricela Amezola dice que actualmente no tiene ningún caso de MPP, aunque asegura que podría tomar algunos sin costo alguno si los argumentos para pedir el asilo fueran contundentes. Explica que tiene pocos abogados en su despacho y que por eso no puede enviarlos un día entero a Tijuana a ayudar a los migrantes bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP). Cree que las posibilidades de que un caso de asilo prospere sin abogado son muy remotas, sobre todo por la complejidad de los cambios en la legislación de parte del gobierno de Donald Trump.
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Una vista del pasillo en forma de caracol en El Chaparral, el punto fronterizo por el que decenas de migrantes centroamericanos retornados a México deben pasar cada vez que tienen su cita con un juez de inmigración en Estados Unidos. Una vez ante los oficiales de Estados Unidos, son recibidos y traslados en buses a las salas de corte.
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La carta en la que una organización le notifica a una inmigrante retornada a México que no podrán representarla ante el juez de inmigración: "Nuestro equipo legal determinó que NO TIENE la capacidad para aceptar su caso en este momento", se lee en el correo. La negativa se explica porque esta organización, Jewish Family Services, solo tiene un abogado y dos representantes autenticados por el Departamento de Justicia. Entre ellos tres evalúan cuáles y cuántos casos pueden asumir considerando, por ejeplo, que la vida de las personas corra peligro por ser víctimas de la violencia o por razones médicas. Esta es la única organización en la frontera de California que está tomando casos de migrantes devueltos a México bajo los MPP.
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El pastor Gustavo Banda Aceves dirige el albergue Embajadores de Jesús en Tijuana, donde casi 90% de los migrantes que allí duermen fueron devueltos a México para los MPP. Explica que la desesperación de los centramericanos por ver una solución en sus casos es tal que hace que muchos de ellos desistan y se devuelvan a sus países. Por eso y las dificultades para conseguir abogados, asegura, "la gente no quiere intentarlo más".
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Brenda Esmeralda Ruiz, una salvadoreña, ha estado a punto de desistir varias veces, pero el pastor Banda le ha dicho que no se rinda, que siga buscando un abogado que la represente y pelee su caso en Estados Unidos. Ella huyó de su país porque su esposo la golpeaba frecuentemente y la acosaba, hasta que un día se cansó. Salir de El Salvador fue la mejor solución que encontró para poner fin a ese círculo de violencia. Cuando tomó la decisión le pidió a un amigo que la acompañara y se fueron hasta Tapachula. De ahí se montó en la bestia hasta Mexicali y de allí siguió hasta Tijuana. Hasta ahora solo ha tenido una corte. En ella el juez le pidió considerar volver con un abogado.
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Diana Vidal, otra salvadoreña de 32 años, también está en Tijuana. Huyó porque tanto las pandillas como la policía acosaron a sus hijos y los obligaban a cumplir órdenes. Cuando ella puso la denuncia en la Fiscalía, la policía comenzó a golpear a los adolescentes e incluso la amenazaron de muerte. Y una noche llegaron miembros de la pandilla Máquina, una de las menos numerosas y quienes controlaban la zona en la que ellos vivían, y les dieron 30 minutos para tomar unas pocas cosas y marcharse de la casa. Así hicieron. Ahora tienen algunos meses en Tijuana. Dice frustrada que ha hablado con cinco abogados y que ninguno ha aceptado su caso. "El juez me dijo que tenía 87% de probabilidades de entrar (a Estados Unidos) con un abogado", dice. "El problema es que ninguno quiere venir aquí porque dicen que están saturados".
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"Los inmigrantes vienen con la ilusión de que si no tienen dinero les asignarán un abogado, pero se decepcionan porque eso no ocurre", dice el pastor Alberto Rivera, que dirige el albergue Ágape, también en Tijuana. Cuenta que ve cómo los migrantes llegan con una hoja que les dan en Estados Unidos con una lista de posibles abogados probono y organizaciones sin fines de lucro: "Pero ellos llaman y llaman y cuando les contestan les dicen que están saturados". Hasta albergues como Ágape llegan personas que les dan asesoría legal, pero que en muchos casos no son abogados, explica: "Les dicen cómo llenar los documentos, pero en algunos casos ha habido dificultades porque han llenado formularios de forma errónea".
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Un padre guatemalteco muestra los mensajes de texto con el que grupos criminales amenazaron a su familia e intentaron secuestrar a la hija adolescente desde su propio colegio. Ellos aseguran que su familia en Estados Unidos puede ayudarles a pagar un abogado que los represente, pero hasta ahora no han podido conseguir a ninguno que tome su caso.
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Ahora esta familia espera en México el día de su corte. Entre sus miembros hay un bebé de apenas meses que la madre lleva entre brazos. Ella cuenta que mientras estuvieron en custodia de la Patrulla Fronteriza su hijo se enfermó por el frío; la llevaron a una clínica donde una doctora atendió al menor, pero cuando tocó pagar la cuenta, el funcionario que la trasladó se quejó por la cantidad alejando que ella no era estadounidense.
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Daniela Díaz, una salvadoreña también esperando en Tijuana. Asegura que ha llamado a todos los números que le han dado en la lista de abogados y que hasta ahora ninguno si quiera le ha devuelto la llamada pese a que ha dejado mensajes de voz. "Esto me pasa cada vez que llamo", dice mientras escucha una de las grabadoras de una de las organizaciones con las que intentaba comunicarse.
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