El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos informó este martes que retirará los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que pesan contra el exsecretario de Defensa de México Salvador Cienfuegos Zepeda, para que pueda ser procesado en su país.
Esta polémica decisión se toma después de que el gobierno mexicano expresó su inconformidad por el arresto el 15 de octubre en California de Cienfuegos Zepeda, quien fue titular del Ejército del vecino país en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sin notificarle sobre el avance de esa investigación.
El anuncio se hizo a través de un comunicado conjunto del fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr, y el titular de la Fiscalía General de México (FGR) Alejandro Gertz Manero.
“La Fiscalía General de la República mexicana, al enterarse del arresto y los cargos en Estados Unidos contra el general Cienfuegos, abrió su propia investigación”, señala el comunicado.
“En reconocimiento de la sólida asociación policial entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar la desestimación de los cargos penales en Estados Unidos contra el exsecretario Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, imputado, conforme a la ley mexicana”, agrega.
El DOJ señala que ya ha proporcionado al gobierno de México pruebas relacionadas con el caso Cienfuegos Zepeda y “se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar la investigación de las autoridades mexicanas”.
Una moción que este martes presentaron los fiscales estadounidenses señala que "consideraciones delicadas e importantes de política exterior superan el interés del gobierno en perseguir el enjuiciamiento del acusado".
También menciona que el extitular del Ejército mexicano está de acuerdo con esta decisión, la cual le hicieron saber a través de su abogado.
El documento que un juez neoyorquino revisará este miércoles pide que Cienfuegos Zepeda sea transportado por el Servicio de los US Marshals hasta México en una fecha no determinada y que los cargos le sean retirados hasta que esté en ese país.
A través de un tuit, la FGR informó sobre la decisión tomada por el Departamento de Justicia.
Por su parte, el cancillero mexicano Marcelo Ebrard lo describió en un tuit como "un acuerdo" entre ambos países.
Más tarde, a través de una conferencia de prensa, Ebrard dijo que Cienfuegos Zepeda seguirá su proceso en México y se aplicarán las leyes mexicanas, debido a que los delitos presumiblemente cometidos se realizaron en territorio mexicano.
"Significa que tendrá que probarse, significa que las bases de cooperación y seguridad con el EEUU deberán mantenerse, siempre respetando la soberanía de México”, expresó el canciller.
Aseguró que será la FGR quien profundice y pruebe las investigaciones bajo la información recibida del gobierno de EEUU y será la misma institución la que reciba al extitular de la Sedena cuando llegue al país.
"Será en calidad de un ciudadano que no cometió delitos en Estados Unidos, para que la justicia mexicana determine lo procedente", señaló.
Cienfuegos debe ir a la corte este miércoles
El general retirado de 72 años comparece este miércoles en una corte federal de Brooklyn. Él se declaró no culpable de cuatro cargos de narcotráfico y lavado de dinero hace dos semanas. Su defensa había pedido un plazo de dos semanas para reunirse con la Fiscalía federal para revisar la evidencia en este caso y, si se puede, llegar a un acuerdo de culpabilidad.
Cienfuegos Zepeda se encuentra ahora bajo custodia en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn. El gobierno estadounidense lo acusa de recibir sobornos de una célula del Cartel de los Beltrán Leyva.
En octubre, un juez federal de Los Ángeles había determinado que este debía esperar en una prisión federal mientras continúa su proceso penal que lo acusa de narcotráfico y lavado de dinero.
Al negarle la fianza, el magistrado Alexander F. Mackinnon acató la advertencia de los fiscales federales sobre que existe un “riesgo significativo” de que se fugue a México ya que podría recibir la ayuda de exfuncionarios mexicanos corruptos y de traficantes de alto nivel con los cuales trabajó estrechamente.
El Departamento de Justicia alegaba que al menos durante dos años, de diciembre de 2015 a febrero de 2017, Cienfuegos Zepeda recibió sobornos de una célula de la organización de los Beltrán Leyva denominada Cartel H-2. La DEA afirma que el general tenía comunicación directa con el jefe de ese cartel, Juan Francisco Patrón Sánchez, quien fue abatido por la Marina mexicana hace tres años.
La acusación originada en el Distrito Este de Nueva York de la Fiscalía federal indica que el general retirado conspiró para traficar cargamentos de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana mientras era el titular de la SEDENA. En esa época, el Cartel H-2 dominaba en Nayarit y una parte de Sinaloa, al tiempo que tenía operadores en varias ciudades de Estados Unidos, entre estas Los Ángeles y Las Vegas.
Esta organización criminal asesinaba y torturaba a sus enemigos, mientras agregaba a su nómina a funcionarios públicos de alto rango, como Cienfuegos. Según los fiscales, esta cooperación le permitió capturar rivales, liberar a miembros del cartel detenidos en operativos y seguir enviando droga a granel hacia Estados Unidos “sin interferencia de las fuerzas del orden mexicanas”.
Con información de la reportera en la Ciudad de México Janet Cacelín.
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De 'El Diablo' a Genaro García Luna: 10 funcionarios mexicanos acusados de narcotráfico y corrupción en EEUU
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Genaro García Luna. La organización criminal creada por el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán le entregó a Genaro García Luna, quien tuvo cargos de responsabilidad en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (de 2000 a 2012), presuntos sobornos para asegurar sus cargamentos de droga y obtener información sensible sobre inteligencia, según una acusación interpuesta en una corte federal de Nueva York. En dos ocasiones, el cartel supuestamente le entregó maletas que contenían entre 3 y 5 millones de dólares en efectivo, afirma la Fiscalía. Fue arrestado en Texas el 9 de diciembre de 2019. Su nombre se mencionó en el juicio a ‘El Chapo’.
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Jorge Juan Torres López. Quien fuera gobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López, de 65 años, enfrenta señalamientos de lavado de dinero, fraude bancario y malversación de fondos públicos en un tribunal federal en el sur de Texas. Fue extraditado a finales de octubre de 2019. El caso está relacionado con un litigio civil en el que las autoridades confiscaron dos cuentas bancarias en Bermudas. Torres López y Héctor Javier Villarreal-Hernández, su secretario de finanzas, presuntamente abrieron las cuentas para colocar dinero robado. Enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel.
Fiscalía General de la República (FGR)
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Edgar Veytia. Cinco carteles de la droga lo tenían en su nómina cuando era fiscal de Nayarit, un estado clave para las actividades del narcotráfico en México. Edgar Veytia, alias ‘El Diablo’, recibió sobornos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y otros grupos criminales, señala la acusación. En septiembre de 2019, un juez federal en Brooklyn lo condenó a 20 años de prisión por cargos de conspiración para distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia EEUU. Se cree recibió de los capos al menos un millón de dólares. La justicia estadounidense ordenó que entregue dicha suma.
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Roberto Sandoval Castañeda. El exgobernador de Nayarit (2011-2017) fue fichado por las autoridades estadounidenses en mayo de 2019. Entonces se ordenó congelar sus cuentas bancarias y confiscar sus bienes en este país. Se alega que participó “en una serie de actos de corrupción” y recibió sobornos de grupos criminales, incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación. EEUU afirma que su esposa y sus hijos son sus testaferros, y también los colocó en su lista negra. Al momento sigue libre en México y en entrevistas aseguró que es víctima de una persecución política y que solo tiene poco más de 11,000 dólares en sus cuentas bancarias.
Twitter @RobertoSandoval
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Mario Villanueva Madrid. El exgobernador de Quintana Roo (1993-1999), Mario Villanueva Madrid, fue condenado por lavado de dinero y por su conexión con el Cartel de Juárez. Un tiempo pagó su condena en una prisión-hospital en Lexington. Al finalizar su administración fue acusado de narcotráfico y permaneció prófugo de la justicia por 2 años y 2 meses. Lo arrestaron en Cancún. Se alega que daba facilidades para el transporte de droga de Colombia a EEUU, a través de Quintana Roo, y envió millones de dólares a bancos en Suiza y Bahamas. En 2008, Villanueva fue sentenciado a más de 36 años por distintos cargos de contrabando de droga. Fue extraditado en 2010 a EEUU. A finales de 2016 fue deportado a México.
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José Rubén Gil Campos. Estuvo en la alcaldía de su natal Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, solo 40 días. José Rubén Gil Campos fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles en 2008 bajo sospecha de que conspiró para distribuir cocaína a Nueva York. Seis años después, agentes de la DEA lo detuvieron en esta metrópoli por una investigación que descubrió que su empresa transportista movía droga del Cartel de Sinaloa de costa a costa. Uno de sus cómplices fue señalado por lavar más de 100 millones de dólares de la empresa criminal de ‘El Chapo’ Guzmán. En agosto de 2019 fue condenado a pasar 12 años tras las rejas.
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Isidro Avelar Gutiérrez. Desde noviembre de 2019, este exmagistrado mexicano duerme en una celda de una prisión de máxima seguridad en el centro de México. Isidro Avelar Gutiérrez se enriqueció por estar en la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su brazo financiero Los Cuinis “a cambio de proporcionar sentencias judiciales favorables a sus miembros superiores”, según el gobierno estadounidense. Estaba en la mirilla “por irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales”, señala la justicia mexicana. Ahora EEUU busca que lo extraditen y ya ordenó que congelen sus bienes en este país.
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Tomás Yarrington Ruvalcaba. El hombre que gobernó el estado de Tamaulipas de 1999 y 2004 fue extraditado en abril de 2018 para hacer frente en EEUU a las acusaciones de extorsión, contrabando de drogas, lavado de dinero y fraude bancario. En México pesan acusaciones sobre el exfuncionario en torno a las facilidades que dio al cártel del Golfo y a Los Zetas para el trasiego de estupefacientes a este país. En abril de 2017, Yarrington Ruvalcaba fue capturado en Italia mientras viajaba con un pasaporte falso. La investigación en su contra duró varios años y señala al dueño de una constructora mexicana. Una vez fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó su país por más de 70 años consecutivos.
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Eugenio Hernández Flores. En junio de 2015, el Departamento de Justicia (DOJ) desveló una acusación contra el exgobernador de Tamaulipas (de 2005 a 2010), Eugenio Hernández Flores, por presunta conspiración para lavado de dinero y ayudar con la operación de un negocio de envío de dinero sin licencia. EEUU alega tener evidencia de que él y un cómplice movieron ilegalmente unos 30 millones de dólares. También se busca confiscarle tres propiedades en McAllen, Texas, valoradas en más de 2 millones de dólares, y otra en Austin. Enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel. El exmandatario lleva dos años en una prisión mexicana y ha presentado distintos recursos legales buscando detener su extradición.
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Humberto Moreira Valdés. En una corte federal de Texas un testigo lo vinculó con el Cartel de Los Zetas y lo acusó de lavar dinero del narcotráfico. Pero Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila (de 2005 a 2010) y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue absuelto en 2016 por la justicia española. Allá permaneció detenido unos días. El testigo Rodrigo Humberto Uribe Tapia, presunto operador de Los Zetas, afirmó que los narcotraficantes entregaron dinero a funcionarios durante la administración de Moreira, quien les dio contratos públicos para la remodelación de escuelas y carreteras. EEUU confiscó en 2013 una cuenta bancaria en Bermuda que tenía $2.2 millonesy estaba a nombre de quien fue su secretario de Finanzas, Héctor Villareal. Ese dinero provenía del lavado de dinero, cita la acusación.
EFE
