Politica Tampa

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, renovará por 60 días más el estado de emergencia migratoria, ya que considera que un gran número de extranjeros indocumentados aún permanecen en el estado y siguen agotando recursos locales. La orden, que ha estado vigente desde el año 2023, le permite al mandatario local ejercer recursos, personal y modificar o anular parcialmente normas. Demócratas denuncian abuso. Te puede interesar: Comunidad hispana reacciona a plan de Trump para frenar migración y revisar visas.

El gobierno federal anunció que busca detener la migración procedente de ciertos países, a los que calificó como de “tercer mundo”. Además, el presidente Trump advirtió en su red Truth Social que podría revocar millones de visados concedidos durante la administración anterior. “Sí se debería aplicar mano dura, pero no tomar represalias contra personas que vienen a luchar”, expresó un miembro de la comunidad.

Este 4 de noviembre, los votantes de Lakeland podrán elegir quién será el próximo alcalde de la ciudad. Los aspirantes que luchan por este puesto son: la comisionada municipal Sara McCarley, el profesor, Cedrick Valrie, la gerente de un negocio local, Kaitlin Kramer, y la profesional de la salud, Kay Klymko. Los hispanos esperan que haya más apoyo a su comunidad, además se soluciones urgentes ante el problema de la indigencia y la infraestructura de las calles.

Varios inmigrantes amparados por el ‘parole’ humanitario alegan que fueron despedidos de una empresa multinacional luego de la decisión que tomó la Corte Suprema, que permite a la administración Trump revocar el programa. David es de origen nicaragüense y cuenta que llevaba meses laborando, pero ahora se quedó sin empleo y sin saber qué hacer con su situación migratoria. “Es muy frustrantes porque uno tiene familia, tiene proyectos”, afirma.

Activistas aseguran que los arrestos realizados por agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) van en aumento, incluso entre personas sin antecedentes criminales. Aseguran que una de las mayores preocupaciones es que “están deteniendo familias trabajadoras”. Ante esta situación, hacen un llamado a la comunidad a mantenerse alerta e informada sobre los derechos de los inmigrantes.

Heydi Sánchez fue arrestada cuando asistía a una cita de inmigración y deportada a Cuba, su país de origen. Yuniel Valle, su esposo, asegura que a ella la regresaron a la isla en 48 horas y sin el debido proceso. Aunque Sánchez tenía una orden de deportación desde 2019, se le permitió vivir temporalmente en Estados Unidos si se reportaba regularmente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los primeros 100 días del nuevo mandato de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos han estado marcados por polémicas, especialmente por las políticas migratorias que ha implementado. Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario ha recibido múltiples críticas, particularmente por el enfoque de su administración en las deportaciones y el aumento de operativos migratorios.

Son cada vez más las voces de rechazo en contra de la decisión de la Corte Suprema, que le da luz verde al presidente Donald Trump de usar temporalmente la Ley de Enemigos Extranjeros. Este marco legal ha permitido al gobierno federal acelerar la expulsión de migrantes a El Salvador. En Tampa, cientos de venezolanos temen verse afectados, incluso quienes tienen el Estatus de Protección Temporal (TPS). Los contenidos expresados en esta pieza no son consejo legal. Por favor, consulte con un abogado para su caso particular.

Una parada de tránsito terminó con la detención de cuatro inmigrantes indocumentados en el condado Hernando. De acuerdo con las autoridades, la investigación inició cuando uno de ellos fue detenido conduciendo sin licencia y se constató que el vehículo estaba vinculado a al menos tres personas. El alguacil del condado señaló que todos serán entregado a autoridades migratorias para ser deportados.

El gobierno de Donald Trump informó que pronto será publicado un sistema donde todos los inmigrantes mayores a 14 años que sean indocumentados tendrán que registrarse. Al respecto, activistas han mostrado su preocupación, ya que aseguran que ahora el gobierno tendrá los datos de residencia de todos los inmigrantes y será más fácil buscarlos para deportarlos.