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La ciudad de Houston se encuentra en una encrucijada financiera tras el anuncio del gobierno de Texas de retirarle fondos clave en respuesta a una reciente ordenanza municipal que limita la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El conflicto pone a prueba la autoridad de la ley estatal SB 4 frente a la autonomía de las ciudades locales.

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El estado de Texas amenaza con retirar más de 100 millones de dólares en fondos de seguridad pública a Houston. Esta advertencia es consecuencia de la reciente ordenanza de inmigración aprobada por el alcalde John Whitmire y el Concejo Municipal. Fue el propio Whitmire quien informó sobre la situación tras recibir una carta del gobernador Greg Abbott, en el marco de la disputa por la Proposición A, que limita la colaboración de agentes de la policía con elementos de ICE.
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La nueva ley HB 991, promulgada por el gobernador Ron DeSantis para que las licencias de conducir indiquen el estatus migratorio de los titulares, ha generado múltiples reacciones, especialmente entre los defensores de los derechos de los inmigrantes. Ante esta iniciativa, diversos ciudadanos consideran que se trata de una medida para controlar a la comunidad latina. Asimismo, un abogado de inmigración analiza los riesgos que implicaría la implementación de esta normativa en Florida.
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El exfuncionario brasileño Alexandre Ramagem, está acusado de participar en un intento de golpe de Estado en contra del presidente Da Silva.

Organizaciones proinmigrantes lograron que el Concejo Municipal de Filadelfía debatiera la propuesta “ICE Out”, impulsando siete enmiendas clave. Entre ellas, destacan restricciones al uso de máscaras por agentes y la prohibición de operativos en propiedades municipales.

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Alejandro Cabrera, de 49 años de edad, fue hallado el sábado sin signos vitales. El hombre, quien era indocumentado, fue detenido en enero y contaba con antecedentes penales. Con este caso, se eleva a 16 el número de fallecidos bajo custodia de ICE en lo que va del año.

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Este 13 de abril culminó la sesión legislativa en Annapolis, Maryland, y la comunidad inmigrante se mantiene a la expectativa de dos proyectos de ley que buscan limitar las acciones de ICE en la entidad. Se trata de la Ley de Confianza Comunitaria (SB791) y el proyecto de Privacidad de Datos. De aprobarse ambas iniciativas antes de la medianoche, pasarían al despacho del gobernador Wes Moore para su firma.
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Los legisladores Adelita Grijalva, Yassamin Ansari y Greg Stanton denunciaron que decenas de personas permanecían retenidas en condiciones de hacinamiento, obligadas a dormir sobre el suelo de cemento y a compartir un único sanitario.

Uno de los almacenes comprados por el DHS para albergar inmigrantes enfrenta bloqueos por parte del Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania, lo que las autoridades federales consideran un abuso de autoridad estatal.