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Este 13 de abril culminó la sesión legislativa en Annapolis, Maryland, y la comunidad inmigrante se mantiene a la expectativa de dos proyectos de ley que buscan limitar las acciones de ICE en la entidad. Se trata de la Ley de Confianza Comunitaria (SB791) y el proyecto de Privacidad de Datos. De aprobarse ambas iniciativas antes de la medianoche, pasarían al despacho del gobernador Wes Moore para su firma.
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Los legisladores Adelita Grijalva, Yassamin Ansari y Greg Stanton denunciaron que decenas de personas permanecían retenidas en condiciones de hacinamiento, obligadas a dormir sobre el suelo de cemento y a compartir un único sanitario.

Uno de los almacenes comprados por el DHS para albergar inmigrantes enfrenta bloqueos por parte del Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania, lo que las autoridades federales consideran un abuso de autoridad estatal.

La detención del salvadoreño Santos Alvarenga-Rodriguez reveló el supuesto uso de las bases de datos estatal como parte de la ‘Operación recuperar Estados Unidos’ .

El gobierno federal asignó cerca de 250 millones de dólares para impulsar la colaboración entre el Departamento de Seguridad Interior y policías locales en estados como Texas y Florida. Más de 900 agencias participan en operativos para detener migrantes irregulares. La medida ha generado críticas por falta de capacitación y riesgos para comunidades.

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Tras la firma de la ley que prohíbe el programa 287(g) en Maryland, nueve alguaciles del estado se opusieron a la iniciativa y declararon que buscarán alternativas para seguir cooperando con ICE. Entre ellos destacan Jeff Gahler, del condado de Harford, y Chuck Jenkins, del condado de Frederick, quienes explicaron su postura en defensa de la seguridad pública. Por su parte, el gobernador Wes Moore dejó en claro que, pese a la normativa, el estado seguirá procesando a criminales violentos.
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La acción legal colectiva acusa que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que maneja a las agencias de ICE y CBP, promueve detenciones “de neoyorquinos sin sospecha alguna, basándose únicamente en su raza y etnia”.

El caso de Carlos Iván Mendoza Hernández generó controversia en Patterson. Mientras ICE aseguró que intentó embestir a agentes, su familia y abogado lo negaron. El hombre fue sometido a varias cirugías y autoridades iniciaron investigaciones.

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Una mujer en San José denunció que su esposo, detenido en un centro migratorio, enfrenta condiciones que ponen en riesgo su salud. Aseguró falta de agua, retrasos en alimentos y ausencia de medicamentos para tratar su diabetes.

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El menor Manuel Vallecillo fue liberado tras permanecer cinco meses en un albergue luego de una redada de ICE en San Antonio, Texas, ocurrida en noviembre de 2025. Aunque recuperó su libertad, presentó secuelas emocionales y temor tras la experiencia vivida durante su detención, informaron familiares.

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